Francia elevó a categoría de ley una ordenanza parlamentaria que permitirá a Emmanuel Macron tomarse una serie de atribuciones que no le otorga su cargo de presidente de la República. Esta figura jurídica ya la había utilizado el socialista François Hollande durante su mandato para, al igual que Macron, poder aprobar su reforma laboral sin tener que forzar un debate parlamentario.

La discusión de la ley habría creado un revuelo mediático y una serie de ataques políticos que Macron hoy no se puede permitir, dada la caída que sufrió su popularidad, confirmada por varias consultoras, después de tres meses de presidencia: cayó siete puntos porcentuales según YouGov, ocho según el Instituto Harris Interactive y diez según el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP).

El Senado francés ratificó el miércoles la concesión de estos “superpoderes” al presidente. Esta votación era clave, ya que, al contrario que Hollande cuando utilizó esta herramienta, el partido de Macron, La República en Marcha, no tiene mayoría en la cámara alta. Esto se debe a que las elecciones del Senado francés recién se celebran en setiembre, y sólo en algunas regiones.

Sin embargo, la aprobación no requirió grandes pactos y la ley recibió 225 votos a favor y 109 en contra, al ser apoyada por los senadores derechistas de Los Republicanos, el Grupo de Unión Centrista y el partido del presidente. De esta manera, el Ejecutivo francés podrá aprobar sin mayores problemas su reforma laboral, que pasará por las cámaras legislativas pero sólo para cumplir con el trámite de la votación y aprobación sin un debate parlamentario que pueda cuestionar esas medidas.

El nuevo código de trabajo se inspira en la reforma del gobierno socialista de Hollande del año pasado. De hecho, consiste en una profundización en las medidas más polémicas, que no pudieron entrar en vigor gracias a la presión ejercida por las organizaciones sindicales y sociales, que se movilizaron en contra.

Según las palabras de la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, durante la sesión del Senado, lo que se pretende con las reformas es promover el diálogo social “más cerca del terreno” para ofrecer a las empresas más “libertad” para mejorar la “protección” de los asalariados. Las medidas están destinadas a flexibilizar las contrataciones y los despidos para, según la ministra, crear así nuevos empleos. La flexibilización del despido consiste, por ejemplo, en poner límites fijos a las sumas que se puedan percibir como indemnización. Del mismo modo, se apunta a debilitar los convenios colectivos y a sustituirlos por negociaciones estrictamente reducidas al sindicato y la patronal de cada empresa por separado. Ante este panorama, la mayor central sindical de Francia, la Confederación General del Trabajo, ya anunció que convocaría una huelga y movilizaciones para el 12 de setiembre. Las demás centrales también dejaron abierta la posibilidad de adoptar medidas similares cuando se haga efectiva la nueva normativa.

En el ámbito político, las protestas más duras vinieron desde el movimiento La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, quien calificó este plan de reforma de “golpe de Estado social”. Las distintas organizaciones que integra ese movimiento anunciaron que recurrirá ante el Consejo Constitucional la ordenanza que otorga los superpoderes al Ejecutivo. “Esta iniciativa conjunta es la única que permite a nuestros grupos de oposición aprovechar el Consejo Constitucional para asegurarse la conformidad de los proyectos de ley aprobados por la mayoría”, dijo Mélenchon.

Su movimiento cree que puede ser recurrida legalmente la imprecisión del mandato que el legislativo está concediendo a Macron, y que también se debe defender el derecho a la plena indemnización por despido improcedente. “La ley deja en manos del gobierno la potestad de modificar a voluntad el código de trabajo, sin ninguna garantía de respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores”, agregó.

Para moderarse | Después del escándalo de corrupción que protagonizó François Fillon durante la campaña electoral, cuando se descubrió que había contratado familiares muy cercanos como asesores pagados por el Estado, el Parlamento francés prohibió este tipo de contrataciones. De esta manera, nadie podrá contratar a sus hijos, pareja o cónyuge. Sí podrá emplear a familiares en segundo grado, pero ahora en estos casos tendrá la obligación de pedirlo por escrito, para que quede registrado.