Los psicólogos estadounidenses James Mitchell y John Jessen fueron contratados por la CIA en 2002 para colaborar con el diseño de las “técnicas de interrogatorio mejoradas”, que incluían distintos tipos de tortura. El uso de estas “técnicas” fue avalado por el gobierno de George W Bush después del ataque contra las Torres Gemelas. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) demandó a Mitchell y Jessen en nombre de tres personas que fueron torturadas durante interrogatorios en prisiones secretas de la CIA. La ACLU representa a Suleiman Abdullah Salim y Mohamed Ahmed Ben Soud, y a los familiares de Gul Rahman, que murió de hipotermia en una de esas prisiones. Los dos psicólogos fueron denunciados por “comisión de torturas, tratamiento cruel, inhumano y degradante, experimentación humana no consentida y crímenes de guerra”.

El juez Justin Quackenbush, de la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, consideró que hay pruebas suficientes de que Mitchell y Jenssen colaboraron con la elaboración del programa de interrogatorios reforzados de la CIA, por lo que permitió que se avance a un juicio con jurado, que comenzará el 5 de setiembre y, según estimó, tendrá una duración de dos o tres semanas.

Según Quackenbush, “no hay dudas” de que los psicólogos participaron directamente en la elaboración e implementación de las torturas durante los interrogatorios. En audiencias preliminares, testigos declararon que ellos incluso recomendaban qué tipo de tortura aplicar, y Jessen dijo que tanto él como Mitchell intentaban evitar participar de manera directa en los interrogatorios, pero finalmente lo hacían para evitar un mal mayor para los detenidos. “Tratamos de salirnos varias veces, pero nos necesitaban, y nosotros seguimos adelante”, reconoció. Los psicólogos fueron contratados y facturaron a la CIA unos 1.800 dólares por día, según The New York Times, por eso pueden ser juzgados, ya que no cuentan con la inmunidad parcial con la que se benefician los agentes de la CIA que aplicaron las torturas.

El trabajo de los psicólogos era determinar qué técnicas servían para conseguir más información de los detenidos causándoles el menor daño posible. Entre otras, según ACLU, recomendaban la privación sensorial y del sueño, y la retención de los detenidos en posiciones incómodas hasta dejarlos en un estado de “desesperanza total” en el que eran más propensos a dar información. Jessen y Mitchell aseguraron en las audiencias preliminares que en los interrogatorios que supervisaron directamente los detenidos no sufrieron “daños irreparables a largo plazo”.

La revelación de que hubo psicólogos que participaron en estas sesiones llevó a que la Asociación Estadounidense de Psicología –que reconoció haber asesorado a la CIA en estos temas– decidiera en 2013 prohibir la participación de sus miembros en interrogatorios vinculados a temas de seguridad nacional.

“Este es un día histórico para nuestros clientes y para todos los que buscamos justicia”, celebró el abogado de ACLU Dror Ladin. “El fallo de la corte significa que por primera vez enfrentarán la Justicia individuos responsables por el brutal e ilegal programa de torturas de la CIA”, agregó.