El gobierno chileno presentó ante el Parlamento tres proyectos de ley que buscan modificar el sistema de jubilaciones, que hoy es privado. La reforma crea un sistema mixto e incluye aportes jubilatorios para los empleadores. Diputados oficialistas manifestaron que prevén que la tramitación de estos proyectos sea rápida para que entre en vigencia el año que viene. La iniciativa ha recibido críticas tanto de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como de las organizaciones civiles que reclamaban un cambio.

Los tres proyectos fueron firmados la semana pasada por Michelle Bachelet. La presidenta de Chile dijo que “la realidad se ha encargado de demostrar que lo que algunos prometieron hace casi 40 años no era cierto para millones de chilenos”, y que hoy “las pensiones siguen siendo bajas e insuficientes”. La mandataria agregó que la iniciativa de reforma impulsada por su gobierno puede ser “excesiva para algunos y poco audaz para otros”, pero consideró valioso buscar un cambio en un sistema que se basó en “promesas falaces”. Se refería a que, cuando se instalaron las AFP en 1981, estas prometieron una jubilación equivalente a 70% del último salario. Además, Bachelet pidió que se piense “en el bien de Chile” al debatir estas iniciativas, que buscan instaurar “un sistema de seguridad social más robusto y sustentable”.

El sistema actual está vigente desde la dictadura y es un sistema privado. Los trabajadores chilenos están obligados a depositar sus aportes jubilatorios (10% de su sueldo) en cuentas individuales en las AFP, que hacen operaciones financieras con esos fondos y así generan tanto pérdidas como ganancias. El dinero que reciben los jubilados depende de las fluctuaciones del mercado y del rendimiento financiero de sus depósitos mensuales en las AFP.

De acuerdo con un informe de la Fundación Sol, una organización civil que hace investigaciones sobre educación y trabajo, 91% de los jubilados recibe pensiones inferiores a 233 dólares, lo que equivale a menos de la mitad del salario mínimo. Al mismo tiempo, las AFP aumentaron sus ganancias 71% entre 2014 y 2015, por ejemplo.

El sistema de jubilación chileno ha generado múltiples críticas no sólo por parte de organizaciones civiles, sino también desde los sectores académicos, que lo señalan como responsable de las grandes desigualdades que hay entre los jubilados de las clases sociales más altas y más bajas. Durante el gobierno de Bachelet hubo varias movilizaciones del grupo ciudadano No+AFP exigiendo una reforma del sistema, que parece estar llegando ahora, en la recta final de esta administración.

En concreto, los tres proyectos de ley apuntan a crear un sistema de ahorro colectivo, así como un Consejo de Ahorro Colectivo, y perfeccionar la regulación del sistema de AFP. Sin embargo, la reforma es solamente un primer paso hacia lo que reclaman los críticos con el sistema actual, ya que si bien crea un sistema público, le otorga fondos mínimos, a la vez que muestra un interés en mantener el sistema de las AFP al mejorar los sistemas de control. En esta área, los cambios buscan mejorar la transparencia del sistema y aumentar la participación de los afiliados, entre otras cosas.

“La presidenta desaprovechó una oportunidad histórica [...] Lo que se ha hecho con esta propuesta de reforma es dejar intacto al sistema”, criticó el vocero del movimiento No+AFP, Luis Mesina, en declaraciones al medio digital Cooperativa.cl.

En sus últimas comparecencias públicas Bachelet también se refirió al espíritu de la propuesta. “Las actuales pensiones no permiten una vida digna a los jubilados”, dijo, antes de señalar que es necesario “complementar el ahorro de cada uno con la solidaridad de todos” para alcanzar jubilaciones dignas.

Si la reforma es aprobada, al aporte jubilatorio del trabajador, que es de 10% más la comisión de la AFP (que es de entre 0,5% y 1,5%), se suma el aporte del empleador, hasta ahora inexistente, que aumentará de 1% a 5% en los próximos cinco años. Este nuevo aporte irá al sistema público de pensiones, 3% a una cuenta individual de ese trabajador –que funcionará de una forma similar a la de las AFP– y 2% al Fondo de Ahorro Colectivo, que administrará el sistema solidario. Según Bachelet, estos cambios permitirán que 90% de las jubilaciones aumenten 20%.

El proyecto no terminó de contentar a los movimientos contrarios a las AFP, pero tampoco a esas empresas, que exigieron al gobierno que también les adjudicara el manejo de estos nuevos aportes, a fin de asegurar la generación de ganancias.

En clave electoral

“No es un buen proyecto”, aseguró el candidato presidencial de la coalición de derecha Chile Vamos, Sebastián Piñera. “Le quita [a los trabajadores] el derecho a elegir y los obliga a estar en un monopolio estatal”, dijo. Tal como hizo durante su gobierno, Piñera reconoció que es “necesario”, “urgente” y “justo” hacer una reforma en el sistema de pensiones, pero consideró que esta no es la adecuada.

Si bien el equipo de trabajo del candidato oficialista, Alejandro Guillier, hizo una valoración positiva del proyecto de reforma, este prometió redoblar la apuesta si es electo presidente. Guillier dijo que la reforma “es perfectible” y prometió aumentar 20% la pensión básica solidaria –que el Estado paga a las personas en edad de jubilación que tienen menos recursos–, reducir las comisiones que cobran las AFP y modificar la paramétrica con la cual las AFP calculan las jubilaciones.

Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo que la reforma es “insuficiente” y reiteró que “no es tolerable un sistema que entrega pensiones bajo el sueldo mínimo, mientras sus dueños ganan miles de millones en utilidades”.

El mayor respaldo que recibió el proyecto de la presidenta chilena es el de Carolina Goic, candidata presidencial de Democracia Cristiana, que celebró que se pueda aumentar la mayoría de las jubilaciones y que no se dé “ni un peso más a las AFP”.

Las otras | El gobierno chileno informó que también habrá cambios para el sistema jubilatorio de las Fuerzas Armadas, que escapó de la privatización de 1981, se financia con 10% de la venta del cobre del país, entre otros aportes, y otorga a los militares retirados jubilaciones, en promedio, siete veces superiores a las del resto de los chilenos. “He instruido a los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Trabajo para que elaboren una propuesta en conjunto en 45 días”, dijo Bachelet la semana pasada, cuando anunció la reforma del sistema de AFP. Agregó que, entre otras cosas, se pretende profesionalizar a las comisiones que deciden el retiro por enfermedad. Estos retiros adelantados permiten, por ejemplo, que el hijo mayor de Augusto Pinochet, que tiene el mismo nombre que el dictador, cobre una pensión por retiro desde que en 1971 lo atropelló un camión mientras estaba en el Ejército, pese a que trabajó sólo ocho años en esa institución y actualmente se desempeña como empresario. “Buscamos que el sistema previsional de las instituciones armadas, concebido en razón de las particularidades de las carreras militar y policial, funcione adecuadamente e impida abusos”, agregó Bachelet.