La Guardia Civil detuvo ayer a 14 altos cargos del gobierno catalán en un operativo para frenar el referéndum independentista del 1º de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Entre esos funcionarios se encuentran el número dos de la secretaría de Hacienda, Lluís Salvadó, y el secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové. Además, en busca de documentación vinculada con el referéndum, la Policía española registró oficinas de Economía y Hacienda, Gobernación, Exteriores, de Trabajo y de Asuntos Sociales y también de la Agencia Tributaria de Catalunya.
“El Govern ha sido víctima de una agresión coordinada para evitar que el pueblo de Cataluña se pueda manifestar con libertad el 1º de octubre”, afirmó el presidente catalán, Carles Puigdemont. “Estamos convocados a defender la democracia”, dijo, y ratificó que el referéndum sigue en pie: “El día 1º de octubre saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos. Esta acción debe responder democráticamente a los que sólo hablan con el lenguaje del autoritarismo”.
Mientras tanto, se anunciaba que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, había convocado al líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y al de Ciudadanos, Albert Rivera, a reunirse con él, por separado, para hablar sobre Cataluña. Más tarde, fue Rajoy quien habló públicamente en un discurso breve en el que pidió a los independentistas catalanes que “regresen a la ley y a la democracia” y que desistan de la votación. “Este referéndum no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo”, dijo. “Ahora no es más que una quimera imposible, o la excusa que algunos parecen buscar para ahondar la fractura social que han creado. Renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad”, concluyó.
A su vez, el ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, comunicó que su cartera mantendrá, “mientras sea preciso”, la intervención de las cuentas del gobierno catalán que dispuso hace seis días bajo el argumento de evitar un posible “desvío de fondos públicos” a gastos del referéndum. Montoro también aclaró que mientras la medida se mantenga, el Estado español va a ocuparse de pagar los servicios esenciales y los sueldos de los funcionarios.
En respuesta a las acciones del gobierno español, los catalanes salieron a las calles con la consigna “Votaremos”. Unas 40.000 personas protestaron en Barcelona, según números de la Guardia Urbana, citados por el medio digital eldiario.es.
“Los medios de comunicación son tomados por la guardia civil, las webs son bloqueadas, el correo es intervenido. Valores esenciales de la democracia son pisoteados. Como en la época de [Francisco] Franco”, dijo a la diaria Jordi Sendra, diputado de la coalición gobernante Junts pel Sí. “Ya no es un problema de sí o no a la independencia. Están en juego la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los diputados estamos con la gente en la calle, cívicamente, pacíficamente”, agregó.
“Hoy hemos vuelto a ver una imagen que creíamos que formaba parte del archivo de la historia”, dijo a su vez Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Según un comunicado de esta organización social, promotora de la consulta independentista, Sánchez consideró que el gobierno de España, la Fiscalía y la Guardia Civil traspasaron todos los límites “que puede soportar un estado democrático y de derecho”.
En Arenys de Munt, la gente salió temprano a las calles. Este pueblo fue el primero en organizar una consulta independentista en Cataluña. En aquella votación, de 2009, cuyo resultado no era vinculante, 96,2% de quienes participaron respondió Sí a la pregunta: “¿Está de acuerdo en que Cataluña pase a ser un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”.
Joan Rabasseda, actual alcalde de Arenys de Munt, dijo a la diaria que “frente a la agresión antidemocrática que está recibiendo el gobierno de Cataluña, se frena toda la actividad política del ayuntamiento y dejan de convocarse comisiones, juntas y plenos”. Ayer, a las 14.00, los vecinos se reunieron frente a la sede del Ayuntamiento “en defensa de la democracia”. Asistieron cientos de personas en una localidad de menos de 9.000 habitantes.