António Hamilton Mourão, un general activo que actualmente se desempeña como secretario de Economía y Finanzas del Ejército, dio un discurso en la Logia Masónica de Brasilia y afirmó: “Mi visión, que coincide con la de los compañeros que están en el alto comando del Ejército, es que [...] o las instituciones solucionan el problema político por medio de la acción del Poder Judicial, retirando de la vida pública a esos elementos involucrados en los delitos, o nosotros tendremos que imponer [el retiro de esas personas]”. A esa frase, que fue publicada por el diario Folha de São Paulo, se agregaron otras. “Los poderes tendrán que buscar una solución; si no la consiguen, llegará la hora en que tendremos que imponerla, y esa imposición no será fácil, traerá problemas”, dijo Mourão, antes de agregar que los militares tienen “un compromiso con la patria” y que lo importante es respetarlo y no que los “aplaudan”.

Mourão dijo que “todavía no es tiempo” de una intervención militar, pero el solo hecho de que la considerara una opción generó varias reacciones tanto en el Ejército como en el Ministerio de Defensa, el sistema político y la sociedad civil. “No hay ninguna posibilidad” de que se produzca una intervención militar, aclaró rápidamente el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Bôas. “Desde 1985 no somos responsables de las turbulencias en la vida nacional y así va a seguir siendo”, agregó, antes de insistir en que cualquier actuación de esta fuerza “será siempre por iniciativa de uno de los poderes” del Estado. Además, dijo que el tema fue conversado “interinamente” y que “está superado”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Raul Jungmann, informó en un comunicado que convocó a Villas Bôas para pedirle explicaciones y aseguró que “las Fuerzas Armadas están plenamente subordinadas a los principios constitucionales y democráticos y al respeto a los poderes constituidos”. El Ministerio de Defensa no aplicó sanciones sobre Mourão y tampoco tomará medidas la Procuraduría General de la Justicia Militar, que al ser consultada por la edición brasileña del diario El País de Madrid informó que no encontró “ningún ilícito previsto en el Código Penal Militar”.

En cambio, varias agrupaciones de abogados criticaron a Mourão por sus declaraciones y al ministerio y la procuraduría por la falta de respuesta. “El militar que apoye, divulgue o incite al pueblo a participar en un golpe está enfrentando leyes constitucionales e internacionales y hiere de muerte a la jerarquía y la disciplina militar”, dijo Almir Pereira da Silva, integrante de una organización de abogados especializados en causas vinculadas con los militares, especialmente con la dictadura.

También surgieron las voces de algunas personas que respaldaron a Mourão, como el general retirado Augusto Heleno, quien se desempeñó como comandante del contingente de cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas en Haití y publicó en Facebook: “Mi apoyo irrestricto a mi amigo de larga data y respetado jefe militar”. A continuación, dijo que es “preocupante el descaro de algunos políticos, señalados por corrupción y desvío de recursos públicos, integrantes de organizaciones que robaron al país”. También el diputado Jair Bolsonaro, un firme defensor de la dictadura que se ha visto favorecido en las encuestas por el debilitamiento de la clase política tradicional de Brasil, manifestó su respaldo a Mourão y dijo que no había “nada de más” en sus declaraciones. “Él habló como un brasileño cualquiera que está indignado con este estado de putrefacción de la política brasileña. Eso para mí es libertad de expresión”, agregó.

Días después de que se conocieran sus declaraciones, Mourão dijo en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo que no estaba “incitando a nada” ni “pidiendo una intervención militar”, sino que esa es una interpretación “libre” de sus palabras. También dijo que hablaba en su nombre y no en el del Ejército.