La favela Rocinha, en Río de Janeiro, perdió uno de los últimos signos de que allí la vida cotidiana seguía con normalidad: las clases en las escuelas. Después de que el lunes policías y militares volvieran a protagonizar enfrentamientos armados con presuntas bandas criminales, la mayoría de las escuelas decidieron cerrar, después de resistir abiertas desde el sábado 16, cuando comenzó la ocupación de la favela, que en principio estuvo a cargo de policías y que el viernes sumó a militares.

La ocupación de Rocinha y el estado de tensión permanente que atraviesan quienes viven allí parecen marcar el fracaso total de la política de seguridad dirigida a las favelas. Esa política fue lanzada en 2011 por los gobiernos de Río de Janeiro y de Brasil con miras a mejorar la situación de seguridad para los Juegos Olímpicos de 2016. El plan había sido delineado desde hacía mucho tiempo por el responsable carioca de la seguridad, José Beltrame, y el objetivo a largo plazo era terminar con el dominio de grupos criminales de las favelas, reposicionando en ellas al Estado como garante de derechos y prestador de servicios públicos.

El primer paso era el de los operativos de saturación: contingentes de policías y militares ingresarían a una favela, expulsando de ella a los grupos criminales. El paso siguiente era la instalación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), una especie de policía comunitaria que buscaría garantizar la seguridad pero con hincapié en la prevención y en la cercanía con la gente de la zona. El plan continuaba con la presencia del Estado, en especial con la instalación de centros de salud y la mejora de las escuelas. Se habló de llevar el plan también a otras zonas de Brasil, y durante años el modelo de las UPP fue tomado como ejemplo por decenas de países, porque había terminado con los enfrentamientos continuos en las favelas de Río de Janeiro. Pero el plan se quedó en su segunda etapa y, después de varios años sin señales de avances, Beltrame optó por renunciar, justamente porque estaba desconforme por la falta de implementación de la última etapa, que era la que garantizaba que la “pacificación” de las favelas se extendiera en el tiempo.

Todavía no se cumplió un año desde la renuncia de Beltrame, en octubre de 2016, pero la situación en las favelas ya cambió radicalmente, y el ejemplo más dramático es el de la Rocinha. Las imágenes que llegan desde allí recuerdan al primer paso del plan de las UPP, pero ahora el plan del presidente de Brasil, Michel Temer, y del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, empieza y termina con la erradicación de los grupos criminales.

La ocupación por parte de la Policía militarizada tuvo lugar después de un enfrentamiento entre bandas criminales, el sábado 16, que terminó con la muerte de cuatro personas. Pezão consideró que esa presencia no era suficiente, por lo que pidió también la del Ejército, que fue aprobada por el gobierno de Temer. Unos 1.000 soldados fueron enviados a “cercar” la favela, aunque hay fotos que los muestran en sus calles, junto a tanques, vehículos blindados y armamento de guerra. Este envío se suma a la militarización de la seguridad de Río de Janeiro, aprobada por Temer en julio también a pedido de Pezão.

Pero la llegada de los militares no impidió que los enfrentamientos continuaran de forma diaria, la mayoría de las veces sin dejar víctimas fatales. Muchos de los negocios cerraron sus puertas la semana pasada, mientras que la Policía avanzaba puerta por puerta buscando a supuestos narcotraficantes. Las escuelas, que habían impedido a los niños salir a sus espacios abiertos, para evitar balas perdidas, esta semana decidieron cerrar sus puertas.

Sin embargo, para el gobierno de Temer hay un “resultado positivo” de la actuación de los militares, según dijo el ministro de Defensa, Raul Jungmann, quien aseguró además que el Ejército permanecerá en la favela, por lo menos, hasta fin de año.