Dos días después de impedir que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fuera investigado por financiación electoral ilícita en la campaña electoral de 2015 (cuando era secretario general de su partido, Frente de Convergencia Nacional), el Parlamento modificó el Código Penal para evitar que los secretarios generales de las organizaciones políticas puedan ser castigados por ese delito. En concreto, los legisladores aprobaron que la responsabilidad financiera en los partidos recaiga únicamente sobre los contadores.
Además, el Parlamento aprobó una enmienda que permite conmutar todas las penas de cárcel de hasta diez años, lo que implica que más personas tengan la opción de pagar una multa en lugar de seguir privadas de libertad. La reforma establece que no se perdonarán penas a “reincidentes y delincuentes habituales” y a los condenados por fraude fiscal y aduanero, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la fiscalización tributaria. Tal como está redactada, la medida es favorable a ex dirigentes políticos que se encuentran en prisión preventiva por casos de corrupción que, desde 2015, han sido destapados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este paquete se encuentra el ex presidente Otto Pérez Molina. Son los mismos dos organismos que hoy promueven la denuncia contra Morales.
Las modificaciones se hicieron mediante dos “mociones privilegiadas” que no estaban en el orden del día y despertaron indignación en los guatemaltecos, que salieron a las calles para protestar contra un Parlamento que “protege a los corruptos”. Por la tarde, el Parlamento anunció que “archivará en definitiva” las reformas y aseguró que nunca “nacerán a la vida jurídica del país”, en palabras del diputado Oliverio García, del opositor Partido Patriota. El argumento principal es que hay “un rechazo del pueblo” y “hay que escucharlo”. Los legisladores mantendrán hoy una sesión parlamentaria para dejar las modificaciones sin efecto, agregó.
A la protesta popular se sumó el repudio de varios partidos opositores –no todos, ya que dirigentes de varias formaciones se veían beneficiados por las reformas– y de distintos organismos de derechos humanos. También la CICIG tuiteó al respecto una declaración reciente de su director, Iván Velásquez: “Las mafias son poderosas, tienen capacidad de daño, pueden hacer cualquier cosa”. En tanto, la Procuraduría General de la Nación recomendó a Morales vetar las reformas, por “contravenir principios constitucionales, menoscabar el estado de derecho e inobservar el compromiso, asumido ante todos los guatemaltecos, de luchar contra la impunidad y la corrupción”, según difundió en un comunicado. Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad pidiendo la suspensión cautelar de las reformas. Antes de que el Parlamento anunciara su marcha atrás, el mandatario dio la cara y, en cadena nacional, prometió que analizaría vetar las reformas, sin dar más detalles.