La sesión de ayer del Tribunal Constitucional se dedicó exclusivamente a la situación política catalana. En primer término, la corte rechazó la “impertinente y abusiva” recusación contra todos sus magistrados presentada por la presidenta el Parlamento catalán, Carme Forcadell. Consideró que la recusación “va dirigida al órgano mismo”, que es insustituible, y que aceptarla “supondría una paralización inaceptable del ejercicio de la jurisdicción constitucional”. En el segundo tramo de su sesión, decidió suspender de forma cautelar y urgente la ley mediante la cual el gobierno había convocado al referéndum del 1º de octubre. También decidió intimar a los 948 alcaldes catalanes a que no colaboren con el referéndum y les recordó que hacerlo implicaría una desobediencia a fallos previos del mismo tribunal.
El gobierno de Rajoy ya anunció que recurrirá a todos los medios para impedir la realización del referéndum. Entre sus primeras reacciones se cuentan el recurso ante el Tribunal Constitucional y una carta enviada a los ayuntamientos de Cataluña en la que también advierte a los alcaldes que la convocatoria del referéndum es “ilegal”, y les recuerda que esa corte “ha prohibido expresamente [...] cualquier acto preparatorio de dicho referéndum”.
Horas antes, los ayuntamientos habían recibido una misiva del gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, que les pidió su colaboración voluntaria para realizar el referéndum. Ante la imposibilidad de utilizar los centros de votación habituales para esa consulta –porque la convocatoria no se hizo mediante las autoridades electorales– el gobierno catalán busca que las urnas se instalen en los ayuntamientos.
La de Rajoy no fue la única presión que recibieron ayer los ayuntamientos. El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, dio una breve conferencia de prensa para advertir que actuará en contra de cualquier acción que ayude a materializar la consulta independentista catalana y que ordenará a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra que requisen “los instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, como urnas o papeletas.
Además, Maza anunció que está redactando denuncias contra los integrantes de la Mesa del Parlamento, que dirige el hemiciclo, y los jerarcas catalanes por promover la aprobación y promulgar, respectivamente, la ley de convocatoria al referéndum. No aclaró qué delitos incluirá, pero sí dijo que cualquier actuación dirigida a organizar el referéndum implicaría “al menos” cometer los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos.
Por ahora, el gobierno español se ha limitado a la respuesta judicial, pero el propio Rajoy advirtió ayer que hará “todo lo necesario, sin renunciar a nada” en su misión de “no permitir” que se lleve adelante el referéndum, o como dijo él: “Que se liquide de un plumazo nuestro modelo de convivencia”. El presidente continuó: “La consulta no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación. La democracia responderá con firmeza, aplomo, serenidad y dignidad”.
El presidente del gobierno español recordó que invitó a Puigdemont, hace cuatro meses, a que “expusiera” las demandas catalanas en el Congreso con el objetivo de que fueran “negociadas” pero él no quiso hacerlo. Rajoy aseguró “a los ciudadanos de Cataluña y a los funcionarios” que la ley “les protege frente a cualquier arbitrariedad” y que no serán “obligados” a hacer “nada ilegal”.
Mientras tanto, el Parlamento catalán era otra vez escenario de fuertes debates entre los partidos que apoyan y los que rechazan el referéndum independentista. En este caso, el debate se debió al tratamiento de la Ley de Transitoriedad, promovida por las fuerzas independentistas –que tienen la mayoría parlamentaria– y aprobada anoche. Se trata de una especie de Constitución que regiría en Cataluña si la independencia es la opción elegida el 1º de octubre. Al igual que la del miércoles, la de ayer fue una sesión parlamentaria extensa.
Entrevistado por TV3, Puigdemont dijo que España no es una democracia tal y como él entiende que debería ser, porque si lo fuera no se obstaculizaría la convocatoria a votar en el referéndum, y recordó que los partidos soberanistas se están limitando a cumplir con su promesa de campaña de hacer esta consulta. Además, denunció que hay una persecución general contra quienes pueden “pensar en colaborar” con el referéndum, “con una campaña del miedo brutal”, por parte del gobierno español, que cuenta con “todos los aparatos del Estado a su disposición”.