Quedó formalmente convocado ayer el referéndum que se propone llevar adelante el gobierno catalán el 1º de octubre sobre la independencia de Cataluña. Sin embargo, se prevé que el Tribunal Constitucional suspenda hoy mismo la ley mediante la cual se hace la convocatoria, en respuesta a un recurso presentado por el gobierno español del Partido Popular (PP). En el debate parlamentario catalán, oficialismo y oposición se acusaron mutuamente de atentar contra la democracia.

El debate en el Parlamento catalán se dividió en dos grandes bloques. El primero se enfocó en debatir la forma en la que se trataría el proyecto de ley y el segundo en la iniciativa en sí misma. Al principio, la oposición acusó a las fuerzas soberanistas, que dominan el Parlamento, de atropellar los procedimientos reglamentarios para alcanzar sus objetivos. Cuestionó que se impuso el tratamiento de esta ley omitiendo el debate previo y aprovechando una modificación del reglamento que se aprobó hace semanas con el fin de aplicarla una vez llegara esta instancia.

“Una ley, para ser legal, debe seguir unos procedimientos establecidos por la Constitución”, dijo el diputado del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Ferran Pedret. Por su parte, el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, anunciaba que presentarían un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa acusó a las fuerzas independentistas de “atropellar los derechos de los grupos parlamentarios y de los catalanes”, y de convertir “al Parlamento en el Teatro Nacional de Cataluña”. En la misma línea, el diputado del PP Alejandro Fernández dijo que esas fuerzas no están rompiendo a España sino a Cataluña. Su colega Albano Dante Fachin, de Catalunya sí que es pot, se quejó de que el Parlamento dio “un espectáculo lamentable”.

La oposición catalana pidió que se postergara la votación hasta hoy para preparar enmiendas, como una táctica dilatoria, a sabiendas de que una vez que el proyecto estuvo presentado empezaron a correr los plazos para que el Tribunal Constitucional suspendiera su tratamiento. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, respondió que en lugar de una suspensión de un día, se haría una de una hora. El trámite parlamentario fue más que tedioso: la Mesa del Parlamento, que dirige la sesión, se reunió cinco veces a lo largo de la jornada, y los portavoces de las distintas bancadas lo hicieron en otras cuatro oportunidades por discrepancias en la interpretación del reglamento.

La segunda parte del debate parlamentario se enfocó en la ley en sí misma y en los argumentos de unos y otros para respaldarla o rechazarla. Las fuerzas independentistas se consideran avaladas para tomar este camino porque obtuvieron más votos que las que defienden la permanencia en España en las últimas elecciones, las de 2015, en las que lograron la mayoría parlamentaria. Los partidos y alianzas soberanistas habían planteado esas elecciones como una consulta en la que el voto los mandataba a impulsar la independencia.

Ayer Anna Gabriel, la líder de una de esas formaciones, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), criticó a Catalunya sí que es pot –coalición integrada, entre otros, por Podemos–, que pidió que el referéndum no sea vinculante y que su resultado sea utilizado para negociar en el Parlamento español, donde sí podría acordarse convocar a un referéndum independentista. “Hoy y aquí rompemos el régimen del 78 [establecido en la Constitución de ese año] sin esperar el permiso de nadie que no sea nuestro pueblo”, celebró Gabriel, y agregó que “el objetivo de la izquierda independentista es el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos”. A su vez, el portavoz de Junts pel sí, Lluís Corominas, también reprochó a los otros partidos que no se plegaran a esta consulta popular. “Pensábamos que defenderíamos la independencia, pero hoy nos ha tocado defender la democracia”, lamentó.

Desde la oposición al gobierno catalán, en representación del PP habló el diputado Xavier García Albiol, quien acusó a la Generalitat de no buscar una negociación real con Madrid, sino de haber intentado someter al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a su deseo de realizar un “referéndum por las buenas o por las malas”. Tanto García Albiol como Iceta advirtieron que la postura del gobierno, a la que consideran radical, está promoviendo una división civil en Cataluña de la que será difícil recuperarse. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue un paso más allá y acusó al gobierno de “arriesgar la autonomía” catalana al actuar “con una mayoría absolutísima, pisoteando los derechos de una mayoría de los ciudadanos representados en la oposición”. Para concluir su intervención preguntó: “¿Qué concepto de democracia tienen?”.

Al cierre del debate se hizo la votación, momento en el que el PP, Ciudadanos y PSC se retiraron. Por su parte, la también opositora Catalunya sí que es pot se mantuvo dentro del Parlamento, pero se abstuvo en la votación. De esta forma, la norma fue aprobada por 72 votos a favor, todos oficialistas, y 11 abstenciones en un hemiciclo de 135 bancas.

Después de la aprobación, Arrimadas anunció que Ciudadanos presentará una moción de censura contra Carles Puigdemont, que ayer mismo promulgó la ley que convoca al referéndum.

De cerca

En Madrid los jerarcas de primera línea del gobierno español tenían la agenda totalmente liberada para reuniones de último momento en las que se tratara este tema. A media tarde, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lamentó lo que estaba sucediendo en el Parlamento catalán, que calificó de “patada a la democracia”, y advirtió que el gobierno y los partidos políticos no permitirán este “atropello” sino que estarán para “defender la democracia por la que tanto hemos trabajado los españoles”. Además de los integrantes del gobierno, los líderes nacionales de los partidos políticos españoles rechazaron la convocatoria al referéndum.

Por su parte, Rajoy ordenó a la Abogacía del Estado que presente un recurso para exigirle al Tribunal Constitucional que aplique sobre lo sucedido ayer la sentencia que ya adoptó en febrero, cuando consideró ilegales todos los actos dirigidos a convocar un referéndum independentista. Al referirse a este recurso, Sáenz de Santamaría subrayó que las autoridades catalanas están desobedeciendo claramente los dictámenes previos del Tribunal Constitucional. En su recurso, el gobierno pidió a esa corte que actúe de forma “preferente y urgente” para evitar que se avanzara con una ley que constituye un “burdo y grotesco ataque a la Constitución”.

No sólo Madrid recurrió al tribunal; Forcadell presentó un pedido para recusar a todos los magistrados de este órgano en los temas referentes a Cataluña, acusándolos de haberse convertido en “una extensión más de gobierno del Estado” español. El Tribunal Constitucional deberá decidir si trata esta solicitud antes de estudiar cualquier otro tema referente a la independencia catalana.

Esa corte sesionó ayer sin tratar temas vinculados con Cataluña, que sí serán incluidos en la sesión de la mañana de hoy. También las fuerzas soberanistas tienen planes para hoy: organizaciones civiles y partidos políticos convocaron a una movilización para reclamar la independencia frente a cuatro de las sedes que el gobierno español tiene en Cataluña.