Un acuerdo de delación premiada vuelve a ser foco de atención en la investigación del esquema de corrupción en Petrobras y las decenas de causas que se han ido sumando a su alrededor, la mayoría de ellas por obstrucción de la Justicia.

En este caso se trata de uno de los acuerdos que surgieron a partir de la investigación de Petrobras más polémicos, que fue firmado por tres ejecutivos del frigorífico JBS con la PGR. Se comprometieron a dar a conocer todo lo que sabían y a generar pruebas a cambio de una reducción de la pena que les correspondía por los delitos cometidos. La polémica surgió porque en ese marco, Joesley Batista grabó una conversación con Temer en la que este le decía que tenía que seguir pagándole sobornos al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para que mantuviera en silencio lo que sabe de la corrupción en Petrobras.

Además, en esa conversación Temer le sugería a Batista que para resolver un problema que tenía su empresa se comunicara con el entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, quien después fue filmado recibiendo de un enviado de Batista una valija con unos 160.000 dólares, que presuntamente tenían al presidente como destinatario. También hubo polémica en torno al acuerdo porque los ejecutivos de JBS, que confesaron haber pagado sobornos a varios jerarcas, entre ellos Temer, fueron absueltos por los cargos penales, aunque debieron pagar una multa de 3.000 millones de dólares, la más alta en la historia de la Justicia brasileña. Otro punto para la polémica lo sumó la defensa de Temer, que acusó al ex fiscal Marcelo Miller de haber trabajado como “infiltrado” dentro de la PGR para buscar un mejor acuerdo para los ejecutivos de JBS.

La aplicación de acuerdos de delación premiada ha sido criticada por juristas brasileños desde el comienzo de las investigaciones sobre Petrobras. Estos han advertido que esa modalidad puede ser aprovechada por quienes cometieron delitos para beneficiarse tras revelar sólo parte de lo que saben, tanto para no implicar a terceros como para no implicarse a sí mismos.

Ahora surgieron indicios de que algo así puede haber sucedido en el caso del acuerdo con los ejecutivos de JBS, informó Janot el lunes, cuando anunció la apertura de una investigación al respecto.

El procurador general dijo que la PGR recibió audios que demuestran que se omitieron hechos “gravísimos” en las declaraciones de los ejecutivos de JBS. Estos audios, que fueron presentados accidentalmente ante la PGR por los abogados de JBS, están comprendidos en el secreto de sumario, pero, según medios brasileños, en al menos uno de esos registros dos de los ejecutivos hablan de la posibilidad de sobornar a distintos dirigentes políticos para obtener información sobre los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) o influir sobre ellos. Uno de esos intentos apuntaba a sobornar al ex ministro de Justicia y actual abogado de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, quien no aceptó pagos irregulares, informó Folha de São Paulo.

En uno de los audios, dos ejecutivos de JBS hablan de “una supuesta actuación del entonces integrante de la PGR Marcelo Miller, dando a entender que él estaría ayudando a elaborar propuestas de colaboración para presentar ante la PGR. Esta conducta configuraría, si se confirma, un delito y un acto de improbidad administrativa”, manifestó la fiscalía en un comunicado.

El día después

Janot, cuyo mandato termina el 17 de setiembre, aclaró que la eventual caída del acuerdo “no invalida ninguna prueba”, por lo que no afectará la denuncia ya presentada contra Temer por corrupción pasiva ni impedirá “nuevas denuncias” en su contra, como la que está preparando por obstrucción a la Justicia. Agregó que el único afectado es quien acordó colaborar con la investigación, “que pierde los beneficios total o parcialmente”.

La lectura es otra para el gobierno y sus aliados, que consideran que la sola instalación de esta investigación favorece el discurso de Temer, que ha acusado a Janot de estar obsesionado con las causas en su contra y de haber forzado pruebas para hacerlo parecer culpable. Según los medios brasileños, en el entorno del presidente opinan que con esta denuncia se redujo, hasta casi desaparecer, el peso político de una eventual segunda denuncia de Janot, que sería rechazada nuevamente en la Cámara de Diputados por los partidos aliados de Temer. “Evidentemente, este es un hecho que va a fragilizar aun más esas acusaciones que fueron dirigidas contra el presidente”, dijo el ministro de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, Antônio Imbassahy. Esto es así “porque se dice que hubo una cosa armada con la participación de uno de los principales auxiliares del procurador general de la República”, dijo, en referencia a Miller. Imbassahy agregó que a raíz de estos cuestionamientos sobre la denuncia percibió un “cambio de ambiente muy grande” en el Congreso, de donde estaba saliendo cuando habló con la prensa.

Además, a raíz de estas revelaciones el abogado de Temer, Antonio Cláudio Mariz, anunció que volverá a pedir la “anulación total de las supuestas pruebas” contra Temer y de los testimonios de los ejecutivos de JBS, que “están viciados y son totalmente inválidos”. Afirmó: “Ya habíamos denunciado la pésima conducta del procurador Marcelo Miller, ya habíamos denunciado irregularidades en la grabación… En fin, las pruebas que dieron base a la denuncia estaban claramente contaminadas, viciadas”.

Por su parte, el grupo J&F, que controla JBS, emitió un comunicado en el que afirma que hubo una “interpretación equivocada” de los audios y que se le dará aclaraciones a la PGR. “Es verdad que a lo largo del proceso que llevó a la firma del acuerdo de colaboración diversos profesionales fueron escuchados [en busca de asesoramiento], pero nunca hubo ningún tipo de contaminación que pudiera comprometer el acto de buena fe de los colaboradores”, agregó la empresa en el comunicado.