La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no implicó el fin de la violencia para las víctimas del conflicto que mantuvo en vilo a Colombia durante más de 50 años, ni para los guerrilleros desmovilizados que ahora militan en el partido que surgió de la disolución de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

“Nos quieren callar”, dijo en una entrevista con la corresponsal colombiana del diario español El País Érica Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en el marco del conflicto con las guerrillas. Una de las líderes del movimiento, Martha Giraldo, contó que recibió una nota el 15 de enero en la que se le advertía que es “objetivo” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Otra de ellas, Rocía Capos, fue arrinconada por dos hombres armados; logró escapar y presentó la denuncia a la Policía, que consideró que se trataba de “un tema menor”, contó al mismo periódico. El Movice denuncia que están siendo amenazados, que algunos de sus dirigentes han tenido que dejar el país y que las autoridades no toman en serio los episodios de violencia que están viviendo.

El partido FARC también ha presentado denuncias por amenazas y hasta por el asesinato de sus integrantes: se han cometido 49 ataques en su contra que derivaron en 36 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz, hace más de un año. Además, el miércoles el nuevo partido político denunció que una de las sedes de su partido, en el oeste del país, fue asaltada por un grupo de hombres armados que robaron a quienes estaban en el lugar y destrozaron las instalaciones. Antes, el 16 de enero, la FARC denunció que recibió una carta de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la que esta también les advertía que eran un objetivo para sus acciones armadas.

Otra demostración de que la violencia continúa –el fin del cese del fuego entre el gobierno y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ha colaborado en este sentido– es el número de personas desplazadas. Este ha sido reducido, pero entre el 17 y el 20 de enero 1.000 personas tuvieron que dejar sus viviendas como consecuencia de la violencia desplegada por grupos paramilitares y bandas criminales que se han adueñado de los territorios en los que antes estaba desplegada la guerrilla más antigua de Colombia, denunció la Defensoría del Pueblo.