Todo indica que, otra vez, un problema político de Cataluña se convertirá en un tema jurídico: ¿Puede Carles Puigdemont asumir la presidencia sin estar físicamente en el Parlamento, en Barcelona? Esa era la principal pregunta ayer en Cataluña, después de que Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya acordaran intentar una investidura del ex presidente catalán, que fue destituido por el gobierno de Mariano Rajoy por declarar la independencia.

ERC y Junts per Catalunya llegaron a un acuerdo el martes, pero difieren acerca de qué es lo que acordaron. En las elecciones de diciembre los dos partidos, y la también soberanista pero minoritaria Candidatura de Unidad Popular (CUP), sumaron la mayoría de las bancas del Parlamento. Después de este resultado tratan de reeditar la alianza que establecieron en el anterior período de gobierno.

Un problema para cualquier acuerdo es que los líderes de ERC y Junts per Catalunya están en situaciones difíciles en las que parece poco probable que puedan ser investidos presidentes. Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y ex presidente, partió rumbo a Bélgica después de ser destituido y antes de que la Justicia emitiera una orden de detención en su contra, que continúa vigente, por lo que si pisa suelo español será arrestado. Por su parte, Oriol Junqueras, líder de ERC y ex vicepresidente, permanece en una cárcel de Madrid, acusado por los mismos delitos que Puigdemont: sedición, rebelión y malversación de fondos, todos por el intento de implementar la independencia catalana.

En la noche del martes se reunieron en Bruselas Puigdemont y Marta Rovira, número dos de ERC, para intentar investirlo nuevamente presidente. Puigdemont afirma que los catalanes dieron la victoria al independentismo en las elecciones para que se restablezca el gobierno que fue destituido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y por eso insiste con que es él quien debe ser investido presidente. “No es posible volver a Cataluña”, dijo Puigdemont públicamente el martes, por lo que propuso asumir desde Bruselas, ya sea por medio de una transmisión por Skype o de un representante que lea su discurso en la sesión del Parlamento catalán en Barcelona.

Junts per Catalunya sugirió que el acuerdo alcanzado asegura la investidura de Puigdemont y descarta la posibilidad de que Junqueras sea el nuevo presidente. ERC difiere, y advierte que sólo se comprometió a consultar las opciones de investidura con sus servicios jurídicos. El punto de coincidencia refiere a la conformación de la Mesa del Parlamento, que regula el funcionamiento de esa institución y puede, por ejemplo, modificar los reglamentos. Esa mesa será conformada por dos integrantes de ERC, dos de Junts per Catalunya, dos de Ciudadanos –partido que ganó las elecciones pero con una cifra insuficiente de diputados como para conformar gobierno– y uno del Partido de los Socialistas de Cataluña.

El debate se centraba ayer en si Puigdemont podría asumir la presidencia sin pisar Barcelona. Los medios catalanes y españoles consultaron a decenas de juristas, varios de los cuales señalaron que si bien esta posibilidad no está prohibida expresamente en el reglamento del Parlamento catalán, puede ser cuestionada porque se aleja de los usos y las costumbres.

Ese cuestionamiento tendrá como principal embanderado al Partido Popular (PP) y al gobierno de Mariano Rajoy, que ya anunció que presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso contra cualquier cambio del reglamento del Parlamento catalán que intente facilitar la investidura de Puigdemont desde Bélgica. Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP, que gobierna España pero fue el partido menos votado en las elecciones catalanas, aseguró que evaluar la posibilidad de una investidura a distancia es “una burla, un escándalo” y, en el caso de Puigdemont, “una huida hacia adelante sólo por escapar de la Justicia y de sus responsabilidades”.

Anteriormente, el PP había animado a Ciudadanos a que intentara alcanzar un acuerdo con otras fuerzas para evitar un gobierno independentista. En busca de ese acuerdo, Ciudadanos mantuvo conversaciones con el PP, el Partido de los Socialistas de Cataluña y En Comú-Podem, la formación que reúne a Podemos con los dirigidos por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ciudadanos no sólo no consiguió un acuerdo para alcanzar el gobierno; ni siquiera obtuvo respaldo para pactar la conformación de la Mesa del Parlamento. La líder del partido, Inés Arrimadas, acusó a Podemos del fracaso de las conversaciones. “La opción numérica que existía [para conformar gobierno], que era pequeña y difícil, la han rechazado los señores de Podemos. Siempre dicen que no”, dijo Arrimadas.

Además, la líder de Ciudadanos no escatimó en críticas a Puigdemont. “No se puede ser presidente de la Generalitat desde Bélgica, huido de la Justicia, con graves cargos a sus espaldas, y mucho menos por Skype o por holograma. No se puede”, dijo, y le exigió al ex presidente que deje de “ridiculizar a las instituciones”, porque los catalanes merecen “que el Parlamento tenga la legitimidad que nunca debió perder”.

En todo caso, cualquier alternativa terminará siendo delineada contra reloj: la fecha para la conformación del Parlamento está fijada para el miércoles, y antes del 1º de febrero debe tener lugar la primera sesión de investidura.