Un militar y un abogado defensor de los derechos humanos competirán en las elecciones presidenciales del 8 de mayo contra el presidente y mariscal del Ejército Abdelfatah al Sisi, quien buscará mantenerse en su cargo. Los opositores al gobierno de Al Sisi han encontrado varios obstáculos –algunos de ellos judiciales– para poder participar en las elecciones.

En mayo se elegirá un nuevo presidente de Egipto. Al Sisi, el mariscal del Ejército que en 2013 llegó al poder con un golpe de Estado y que quiso legitimarse en unas cuestionadas elecciones en 2014, se postulará a un nuevo mandato. Según sus seguidores, se presentaron más de 12 millones de firmas con ese propósito, y es el candidato con mayor despliegue en el territorio: cuenta con sedes y coordinadores en las 27 provincias.

Al Sisi cuenta con dominio sobre los órganos de Estado y sobre los medios de comunicación, la mayoría de marcado corte oficialista. A esto se agrega que cualquier nombre que empieza a sonar para enfrentarlo en las urnas comienza automáticamente a enfrentar distintos obstáculos para continuar con su candidatura.

Un caso fue el de Ahmed Shafiq, un ex comandante del Ejército que fue el último primer ministro de Hosni Mubarak, el presidente que se vio obligado a renunciar en 2011, durante la llamada Primavera Árabe, después de gobernar el país durante 30 años. Shafiq residía en Emiratos Árabes Unidos desde ese entonces y quiso volver para participar en las elecciones pero, según denunció, le impidieron dejar el país. Publicó un video con la denuncia, y después, tras una desaparición de 24 horas durante la cual su familia denunció que había sido secuestrado por las autoridades, apareció en El Cairo. Después de su llegada, varios medios lo acusaron de tener vínculos con los proscriptos Hermanos Musulmanes, pese a que esto iría a contramano de sus iniciativas neoliberales. Por estos supuestos nexos, la Fiscalía no ha descartado la posibilidad de investigarlo, aunque todavía no ha dado ese paso.

Ayer Shafiq dijo que decidió no postularse porque “tras observar la realidad” se dio cuenta de que no es la “persona óptima para liderar los asuntos de Estado en el próximo período” de gobierno.

Otro caso fue el de un coronel, Ahmed Konsowa. Anunció en noviembre que sería candidato, pero a mediados de diciembre fue condenado a seis años de prisión por expresar opiniones políticas siendo un oficial activo. Su esposa, Rasha Safwat, recurrió a los medios para denunciar que su marido renunció al Ejército en 2014, aunque oficialmente nunca se le dio de baja.

La tercera ficha de la oposición, muy distinta a las anteriores, es el abogado progresista Jaled Ali. Se hizo conocido el año pasado porque enfrentó en la Justicia la decisión de Al Sisi de ceder la soberanía de dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudita. En enero de 2017 ganó en un tribunal de primera instancia, pero el gobierno continuó con su iniciativa de entregar las islas, aunque todavía no la ha concretado.

Enseguida Ali fue acusado de haber hecho un gesto obsceno mientras celebraba el fallo a su favor y fue condenado a tres meses de prisión. Él apeló esa decisión, pero la sesión en la que se definirá si esta es ratificada o rectificada fue fijada para el 7 de marzo, dos meses antes de las elecciones.

En entrevistas brindadas a medios internacionales, Ali ha hablado de las dificultades que ha enfrentado su candidatura. A comienzos de diciembre su único local de campaña fue objeto de una redada de la Policía. Después, las autoridades obligaron a cancelar una reunión entre él y un abogado que evaluaba brindarle su apoyo. Mientras tanto, los medios egipcios informan que es un “fanfarrón” financiado por la Unión Europea.

Ali ya participó en las elecciones de 2012, en las que obtuvo sólo 1% de los votos, y en las que ganó el candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi. Pero hoy Ali es el candidato que tiene más posibilidades de conseguir los votos de los Hermanos Musulmanes, especialmente entre sus seguidores más jóvenes.

Sin embargo, Ali no sólo es resistido por el oficialismo, sino también por políticos opositores, que critican que es una figura de afuera de la política, y que sin haber ocupado cargos militares no podrá gobernar a las fuerzas de seguridad del país.

El Egipto que viene

Quien gane las elecciones deberá enfrentar una situación económica que, según distintos especialistas, se acerca a una crisis. El derrocamiento de Hosni Mubarak por las protestas en 2011, la victoria electoral de Mohamed Mursi en 2012 y el golpe que derrocó a este gobernante en 2013 generaron una situación de incertidumbre en la cual Egipto perdió parte de su financiamiento externo. Además, la inestabilidad política, en su momento, y los ataques terroristas de la última etapa diezmaron el turismo, que se redujo a menos de la mitad, si se compara con la etapa en la que gobernaba Mubarak.

Ante estas dificultades, el gobierno de Al Sisi recurrió al principio a la ayuda de las monarquías del Golfo, pero en 2016 tuvo que acceder a un programa de austeridad para conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional. La implementación de ese programa tiene como efectos secundarios una inflación de 33% y fuertes recortes en los servicios públicos y en los subsidios a los productos básicos.

En materia de derechos humanos, las denuncias son cientos. Incluyen detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como distintas prácticas que van construyendo un cerco cada vez más estrecho a las libertades. Según organizaciones sociales del país y del exterior, la amenaza del terrorismo, por la cual se dictó el estado de emergencia en abril, se ha convertido en una nueva excusa para tener más presencia de las fuerzas de seguridad en las calles y para perseguir a activistas.