Meses atrás, el gobierno de Ecuador llamó a partidos políticos y organizaciones sociales a presentar propuestas para poner a consideración de los ciudadanos. Se postularon decenas de iniciativas, de las cuales fueron seleccionadas siete, que serán incluidas en una consulta popular convocada para el 4 de febrero. La campaña electoral comenzó el miércoles, y por ese motivo, el ex presidente Rafael Correa anunció que anoche regresaría al país.

Para un oficialismo ecuatoriano dividido entre los seguidores de Correa y los del actual presidente, Lenín Moreno, una de las preguntas más polémicas de la consulta es la que apunta a dar marcha atrás con una enmienda constitucional aprobada en 2015, que habilita la reelección presidencial indefinida. Esa enmienda fue promovida durante el gobierno de Correa, y le permite al presidente, en caso de que decida postularse, volver al cargo.

A los ciudadanos se les preguntará si, “para garantizar el principio de alternabilidad”, están de acuerdo con enmendar la Constitución “para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo”.

Al anunciar cuáles serían las preguntas de esta convocatoria, Moreno consideró, según citó Telesur, que “la reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la administración pública”, mientras que la alternancia en el gobierno “amplía los derechos de participación”.

También se preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo con otras enmiendas constitucionales. Una establece que aquellas personas condenadas por delitos de corrupción sean castigadas con la inhabilitación para “participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes”. Otras iniciativas proponen que “nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes”; que se restrinjan las áreas en las que se puede desarrollar la minería de metales, en particular en zonas urbanas o protegidas, y que se reduzca el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Se preguntará también acerca de la llamada Ley de Plusvalía, que buscaba evitar, mediante impuestos, la especulación sobre el valor de las tierras y los inmuebles. En opinión de Moreno, esta norma tiene “efectos negativos en el empleo y en la economía”. Según el diario El Universo, el presidente dijo tiempo atrás que se van a buscar “los mejores mecanismos para que [la ley] cumpla su objetivo, pero sin perjudicar a la industria de la construcción”.

Si el 4 de febrero gana esta posición, será necesario un proyecto de ley para modificar las normas actuales, y lo mismo en el caso de la pregunta que refiere al Parque Nacional Yasuní. Estas dos son calificadas como consultas populares, y las otras cinco preguntas entran en la categoría de referéndum porque modifican disposiciones constitucionales.

Otra pregunta apunta a reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y terminar ahora con el mandato de sus actuales miembros, que continúa hasta 2020. Este consejo tiene funciones de contralor, debe promover la participación de la ciudadanía y designar funcionarios en la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura.

La convocatoria tuvo como consecuencia la renuncia de uno de los integrantes de ese consejo, Xavier Burbano. Dijo que dimitía porque ahora su función “dependerá de una campaña proselitista para ganar adeptos por el Sí o el No”, lo que “altera” las reglas con las cuales llegó al cargo, según citó El Universo.

Las organizaciones políticas y sociales tuvieron un plazo para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña en cualquiera de los temas incluidos en la consulta, y 40 fueron habilitadas para participar: 16 organizaciones políticas y 24 sociales. De esas 40, 36 están a favor del Sí y sólo cuatro harán campaña por el No. Se les asignarían recursos de un Fondo de Promoción Electoral, de un total de casi cuatro millones de dólares, para la campaña que comenzó el miércoles. Tanto el Sí como el No tendrán un tope de gastos de campaña de casi dos millones de dólares.

El No de Correa

Para el ex presidente Correa, la convocatoria fue hecha sin seguir el procedimiento adecuado, en particular sin contar con un visto bueno del Tribunal Constitucional. El gobierno, en cambio, sostiene que una vez vencido el plazo para que esa corte se pronunciara, el silencio se toma como una aprobación.

En cualquier caso, las objeciones de Correa lo llevaron a presentar, junto con el ex canciller Ricardo Patiño, una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos [OEA] por “alteración del orden constitucional”.

La vicepresidenta ecuatoriana en funciones, María Alejandra Vicuña, calificó la denuncia de “un despropósito y un absurdo que no tiene pies ni cabeza” y cuestionó que Correa recurra a la Organización de los Estados Americanos (OEA) después de haber criticado a ese organismo durante su presidencia. También la canciller María Fernanda Espinosa opinó: “Es lamentable que durante diez años se haya denostado a la OEA, se haya cuestionado el rol del sistema interamericano de derechos humanos, y ahora se acuda, en una actitud de doble rasero, a la OEA, pidiéndole una opinión sobre una situación interna del Ecuador y con una argumentación realmente pobre y poco consistente”.

Por su parte, el titular de la OEA, Luis Almagro, informó en Twitter que a partir de la denuncia de Correa y Patiño, la secretaría general del organismo elaborará un “informe técnico jurídico sobre la situación institucional” en Ecuador.

Correa, que reside en Bélgica, el país de su esposa, tenía previsto volver anoche a Ecuador debido a esta consulta. Su sector del partido gobernante Alianza País se opone en particular a terminar con la reelección indefinida, a modificar el Consejo de Participación Ciudadana y a eliminar la Ley de Plusvalía. El ex presidente anunció su regreso el martes en Twitter: “Voy a mi Patria el 4 de enero a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia. ¡Hasta la victoria siempre!”.