Hoy es un día clave en Cataluña, que podría celebrar la investidura de un nuevo presidente –90 días después de que el gobierno de España cesó a todos los miembros de la Generalitat y asumió las competencias regionales– o enfrentarse directamente a la agudización de su crisis política. Todo dependerá de lo que decida el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, el candidato con más posibilidades de ser investido y contra quien pesa una orden de detención si pisa suelo español. Sólo podrá volver al país y participar en la sesión de investidura legalmente si consigue la autorización del Tribunal Supremo, una medida que hasta ayer no tenía chances de prosperar.

Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña dibujaron un escenario en el que el partido más votado, Ciudadanos, no llega a una mayoría en el Congreso para gobernar. Sí alcanzaron la mayoría los partidos independentistas, unidos, con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya a la cabeza, por haber sido los más respaldados. Tras semanas de desacuerdos y negociaciones fallidas, los soberanistas acordaron elegir como candidato a Puigdemont, pero se enfrentaban a un obstáculo importante: el hombre se encuentra en Bruselas desde que intentó, sin éxito, declarar la independencia catalana en octubre. También desde ese día pesa sobre él una orden de detención si vuelve a ingresar a España, acusado de sedición, rebelión y malversación de fondos.

La semana pasada, la decisión de los independentistas cobró fuerza cuando el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de ERC, confirmó el nombre de Puigdemont para la sesión de investidura en una breve declaración institucional en la que no permitió preguntas. Torrent dijo que era consciente de la “situación personal y judicial” de Puigdemont, pero argumentó que es el candidato que genera más consenso entre los grupos parlamentarios. Además, opinó que el ex presidente, líder de Junts per Catalunya, tiene “absoluta legitimidad” para ser candidato. Su decisión contemplaba la posibilidad de que fuera investido desde Bruselas, de forma “telemática” –por videoconferencia– o por “delegación” –mediante un representante–. Esa sesión está prevista para hoy, ya que la Constitución establece un límite de diez días a partir de que se constituye el Parlamento, plazo que expira mañana.

Sin embargo, unos días después del anuncio de Torrent, el gobierno del presidente español, Mariano Rajoy, impugnó su resolución ante el Tribunal Constitucional (TC). El sábado, sin dar muchas vueltas, el TC anunció que impedía la investidura de Puigdemont “por la vía telemática, por delegación o burlando la orden de detención vigente contra él”. No obstante, advirtió que sólo la permitiría si el dirigente conseguía la autorización del juez Pablo Llarena –quien integra el Tribunal Supremo y está a cargo de la investigación en su contra– para acudir al Parlamento y defender su candidatura. Ayer de mañana, el abogado del ex presidente, Jaume Alonso Cuevillas, descartó utilizar esta posibilidad.

Puigdemont no se quedó en el molde. En cambio, solicitó al mediodía el amparo de Torrent, en una carta en la que le pidió que, por sobre todas las cosas, se respeten sus derechos como diputado y candidato a la investidura. En el texto, el dirigente catalán solicitó al titular del Parlamento que “adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y las prerrogativas del Parlamento y sus miembros”. Además, reivindicó su derecho de asistir a los debates parlamentarios y a las votaciones, según establece el reglamento del Parlamento de Cataluña, y recordó que por ser diputado goza de “inmunidad”, por lo que “no puede ser detenido si no es en caso de delito flagrante”.

La petición de amparo se dio a conocer después de que tres de los diputados catalanes que permanecen con Puigdemont en Bruselas –Meritxell Serret, Clara Poinsatí y Lluís Puig i Gordi– renunciaron a sus escaños. Su decisión se debe a que el TC advirtió el sábado que no podrían delegar el voto desde la capital belga. Al renunciar, tienen que ser sustituidos inmediatamente por dirigentes de sus partidos, por lo que se mantiene la mayoría independentista en el Parlamento.

Los otros dirigentes que no podrán estar presentes en la sesión de investidura son el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, que están presos desde octubre por hechos vinculados al proceso independentista. Los diputados habían pedido permiso a Llarena para acudir al Parlamento, pero el magistrado se lo negó ayer, aunque les permitió delegar su voto.

La investidura requiere los votos de la mayoría absoluta –68 diputados–. Si esta ronda no llegara a prosperar, está prevista para el jueves una segunda votación, en la que sólo haría falta la aprobación por mayoría simple. Si tampoco se eligiera candidato en esa ocasión, recién se puede volver a celebrar una sesión de investidura dos meses después, es decir, el 31 de marzo. Si para entonces sigue bloqueada la situación, el Parlamento quedaría disuelto y Rajoy tendría que convocar nuevas elecciones. Sin embargo, hasta anoche ninguna alternativa era clara, ya que la situación de Puigdemont seguía siendo incierta.

Varias alternativas

Los medios catalanes hablaban ayer de tres escenarios posibles a los que se enfrenta Torrent en la jornada de hoy: desobedecer el fallo del TC y continuar adelante con la sesión para la elección de Puigdemont; posponer la sesión; o iniciarla y después suspenderla, para ganar tiempo.

En cualquier caso, su decisión tendrá que ser discutida con la Mesa del Parlamento, que en principio tenía previsto reunirse hoy de mañana. El Partido de los Socialistas de Catalunya anunció que si para ese entonces Torrent sigue apoyando la celebración de la sesión de investidura, solicitará su suspensión y exigirá al presidente del Parlamento que abra una nueva ronda de consultas con los líderes de todos los grupos parlamentarios para proponer un candidato diferente. La decisión intermedia, que es la que más le conviene al independentismo, sería posponer el inicio de la sesión ya convocada y ganar tiempo para presentar un candidato alternativo al ex presidente, que todavía no se sabe quién sería.

Mientras tanto, nadie conoce el paradero de Puigdemont. El gobierno español dice que no ha podido localizar dónde está, y su abogado no descartó que se presente hoy en el Parlamento, aunque las autoridades estén intentando que no entre “ni en el maletero” de un auto. “¿Que se presente? No lo he descartado nunca. Si él considera que hacer explotar esta cafetera es venir y hacerse detener, lo hará”, aseguró ayer su abogado. Para echar más leña al fuego, Puigdemont publicó ayer en Instagram una foto en la que se ve una famosa calle cercana al Parlamento catalán, con la leyenda: “A 24 horas de la investidura. Por el país. Por las libertades. Por nuestras instituciones. Por la democracia. Por la dignidad. Por el futuro, por ti, república catalana”. Por si acaso, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional planean llevar a cabo hoy un operativo policial conjunto en los alrededores de la sede legislativa.

Rajoy se refirió ayer a la situación en Cataluña y, en declaraciones a la radio Cope, consideró que un político como Puigdemont, que ha intentado “liquidar unilateralmente la soberanía y la unidad nacional”, no puede ser “presidente de nada”.