En la tarde de ayer la noticia era que los abogados defensores del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentaron un habeas corpus ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ). En el recurso se solicitaba que Lula no sea detenido hasta que recurra la condena en su contra, confirmada y ampliada en un tribunal de apelaciones, en todas las instancias judiciales.
Habían pasado sólo unas horas cuando el STJ rechazó el habeas corpus. Concretamente, este fue recibido, estudiado y rechazado por uno de los magistrados del STJ, Humberto Martins, quien argumentó que desestimó la solicitud porque “la posibilidad de la prisión inmediata” no parece viable en este momento.
Los abogados de Lula presentaron este recurso después de que el miércoles el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) confirmara la condena impuesta a Lula por el juez de Curitiba Sérgio Moro y la ampliara a 12 años y un mes de prisión, tras considerarlo culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Usualmente en Brasil los condenados en segunda instancia no son llevados a prisión porque tienen la posibilidad de presentar una nueva apelación ante el Supremo Tribunal Federal (STF), un camino que los abogados de Lula ya informaron que van a adoptar. Sin embargo, persiste la duda de si esta costumbre será respetada en el caso de Lula, mientras el STF mantiene pendiente un fallo definitivo sobre este tema (ver “Sí, pero no”).
Otras tiendas
El juez Moro dispuso que sea rematado el apartamento de Guarujá que está a nombre de la constructora OAS pero que él consideró –y el TRF-4 ratificó– que pertenece a Lula. Sin embargo, parece difícil que el remate se concrete pronto por una situación que refleja lo diferentes que son los criterios de Moro respecto de los de sus colegas: una jueza de Brasilia embargó ese apartamento en el marco de una investigación por la presunta quiebra fraudulenta de OAS. La jueza argumenta que el precio de ese apartamento y de otros bienes que están a nombre de OAS son suficientes para pagar las deudas contraídas por la empresa, asumiendo que ese apartamento es suyo, y no de Lula.
Los argumentos para solicitar el habeas corpus eran que la eventual detención después de un dictamen en un tribunal de segunda instancia implicaría una violación de la Constitución y del Código Penal, que garantizan el principio de presunción de inocencia e insinúan que deben recorrerse todas las instancias judiciales antes de dictaminar la prisión. Los abogados señalaron que Lula será candidato a la presidencia, por el Partido de los Trabajadores, y que una eventual detención implicaría una indebida interferencia de órganos del Poder Judicial en el proceso político-electoral. En todas las encuestas, Lula aparece como favorito para la primera vuelta electoral, el 7 de octubre.
El camino internacional
La defensa de Lula va más allá de fronteras brasileñas. Sus abogados ya anunciaron que presentarán ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los elementos que, consideran, muestran que sus derechos fueron violados en el juzgamiento del TRF-4. La presentación de estos elementos fue hecha por los abogados en el seminario internacional “El caso Lula: balance y perspectivas”, ayer en San Pablo. El encargado de llevar adelante el tema en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) será el abogado australiano de Lula, Geoffrey Robertson, quien en San Pablo aseguró que Lula tenía derecho a “un juzgamiento justo, que preservara sus derechos fundamentales”. Entre otras cosas, mencionó que el presidente del TRF-4 y su jefa de gabinete aplaudieron la condena de Moro cuando el caso ya estaba en el TRF-4 pero todavía no había sido tratado, la ausencia de pruebas en el proceso, el hecho de que los tres magistrados hayan acordado su voto –se considera una prueba de esto el que todos coincidieran en aumentar la condena de prisión a 12 años y un mes–, que el proceso fue acompañado por el Ministerio Público incluso en la jornada del juzgamiento y que, en el tribunal de primera instancia, sea el mismo juez el que investiga y el que condena. Todos estos son elementos recurrentes en Brasil, pero no son habituales en tribunales de otros países, lo que hace creer a los abogados de Lula que pueden tener éxito con su recurso ante la ONU, informó la revista Carta Capital.
Otro argumento que será llevado ante la ONU es lo que consideran la presión ejercida por los medios de comunicación más grandes de Brasil para que la condena contra Lula fuera ratificada. Tanto Robertson como otra de los abogados de Lula, Valeska Teixeira Martins, aseguraron que la operación Lava Jato avanza en Brasil sin seguir las leyes que garantizan los derechos de los acusados, lo que genera un estado de excepción. “Es una guerra jurídica para la cual no hay necesidad de jurisdicción, causa o prueba, sino solamente la violación de las leyes con fines políticos”, dijo Teixeira.
Sí, pero no|Desde que la condena contra Lula fue ratificada, las miradas han recaído nuevamente en el STF, ya que este organismo tiene pendiente resolver cuándo es adecuado que los condenados vayan a prisión. La costumbre en Brasil es que la pena empiece a cumplirse cuando al condenado ya no le queda ningún recurso que presentar, para que se respete el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, una nueva interpretación de la Constitución y del Código Penal llevó a que en 2016 el STF decidiera, en un fallo preliminar, que la pena puede –no debe– empezar a cumplirse después del fallo en segunda instancia. La votación fue apretada y nunca se tomó una decisión definitiva.
Después del fallo contra Lula, varios de sus defensores y críticos manifestaron que era deseable que el STF tomara una decisión definitiva respecto de este punto para aclarar la situación de Lula e incluso se especuló con que este tema sea tratado cuando el STF retome sus actividades, en marzo.
Sin embargo, la presidenta del máximo órgano judicial de Brasil, Cármen Lúcia, aseguró ayer que no pondrá el tema en la agenda del STF –también pueden hacerlo los demás jueces– porque eso sería “minimizar” al órgano. “En primer lugar, el STF no se somete a presiones para establecer su agenda. En segundo, la cuestión fue decidida en 2016 y no hay perspectiva de retomarla”, consideró, y agregó: “No creo que un caso específico genere una agenda diferente. Eso sería realmente minimizar al STF”.