En un informe publicado esta semana, Amnistía Internacional denuncia que el gobierno mexicano “incumple de manera habitual” su obligación de acoger a aquellas personas que necesitan protección internacional, una situación que afecta principalmente a los países del llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras.

Miles de centroamericanos que huyen de la violencia no logran atravesar las puertas de entrada a México y son devueltos a sus países de origen a pesar de que allí podrían ser perseguidos o asesinados, denunció Amnistía Internacional en un reciente informe. La organización aseguró que México “viola reiteradamente el principio de no devolución”, que en el derecho internacional prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corra riesgo de sufrir “violaciones a los derechos humanos”.

El documento de Amnistía Internacional, titulado “Ignoradas y sin protección: la mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México”, está basado en encuestas realizadas a 500 inmigrantes que viajaron a este país entre mayo y setiembre de 2017.

Una de las conclusiones que extrajo la organización a partir de estos testimonios fue que 75% de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano –el órgano responsable de regular la inmigración del país– no había sido informado del derecho a solicitar asilo, “a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga”, aclara el texto.

Muchos de los inmigrantes consultados (120) aseguraron que terminaron siendo deportados a pesar de que habían solicitado asilo de manera explícita o expresado temor por su vida en su país de origen. Varios manifestaron haberse sentido ninguneados e incluso discriminados por las autoridades mexicanas. Es el caso de un ciudadano de Honduras de 23 años citado en el informe, que declaró: “Yo les pedí refugio y me dijeron que no había, que en México no les gustan los hondureños porque hacemos mucha maldad”. Uno de sus compatriotas, de 27 años, dijo que cuando expresó su miedo de volver a Honduras porque corría el riesgo de ser asesinado, un funcionario del INM le contestó: “Aquí no nos interesa la vida de ustedes. Aquí hacemos nuestro trabajo, que es deportarlos”.

Otro dato que se destaca es que 69% de los entrevistados contó que el funcionario de turno del INM “jamás les preguntó las razones por las que habían abandonado su país”, una de las claves para identificar a los inmigrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La mayoría de los centroamericanos que quieren ingresar a México buscan escapar de la pobreza y de la violencia, explica Amnistía Internacional en el informe. La organización recordó que El Salvador, Guatemala y Honduras siguen sufriendo “violencia generalizada”, porque la tasa de homicidios es entre cuatro y ocho veces más alta que lo que la Organización Mundial de la Salud considera un “nivel epidémico” de homicidios.

El INM respondió al informe en un comunicado en el que aseguró que México cuenta con “procedimientos permanentes de protección a los derechos humanos” de los inmigrantes, especialmente de quienes solicitan refugio. Además, el organismo dijo que los casos de “devoluciones” son “muy poco corrientes” y que, cuando suceden, se llevan a cabo de una forma “digna, ordenada y segura”.

De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en 2017 México recibió 14.596 solicitudes de refugio de los países del Triángulo del Norte, Cuba y Venezuela. Hasta octubre, sólo 7.779 se encontraban en trámite.