Todo el liderazgo político de Brasil mira a Porto Alegre, donde está la sede del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), que hoy juzgará la apelación que presentó Luiz Inácio Lula da Silva contra la condena impuesta por el juez de Curitiba Sérgio Moro, de nueve años y medio de prisión. El fallo que se emitirá hoy será la primera de varias instancias que definirán si Lula puede ser candidato en las elecciones de octubre, para las cuales es el favorito. La importancia de esta instancia llevó a que decenas de movimientos sociales convocaran a actos, campamentos y marchas para respaldar al ex presidente.

El presidente brasileño, Michel Temer, fue consultado ayer, en la cumbre de Davos, sobre el juzgamiento de Lula. “No creo que vaya a generar algún malestar”, consideró el mandatario, y agregó que juzgar a un ex presidente es “un evento natural”. Además, opinó que el fallo no afectará la estabilidad política de Brasil y que, sea cual sea su contenido, sólo muestra “que las instituciones brasileñas están funcionando con toda tranquilidad”.

Sólo el oficialismo ve esta instancia judicial tan aséptica. Empezando por los seguidores de Lula y llegando a los medios de comunicación masivos, como la cadena O Globo, se reconoce que el fallo alterará al sistema político brasileño, principalmente porque afectará la ecuación hacia las elecciones. Lula sigue liderando todas las encuestas, pese al proceso judicial en su contra; el Partido de los Trabajadores (PT) no maneja nombres alternativos para sustituirlo si es inhabilitado y denuncia que lo que hay en su contra no son pruebas, sino una persecución política.

“Contra Aécio Neves hay pruebas contundentes: una conversación grabada y una maleta de dinero. [Contra] el presidente ilegítimo Temer hay otra grabación e imágenes de un asesor suyo llevando una maleta [de dinero] para arriba y para abajo. Y están todos tranquilos ejerciendo sus cargos. [Contra] el presidente [Lula] sólo tienen esa historia absurda del apartamento”, dijo la ex presidenta Dilma Rousseff en una entrevista con el diario español El País. Asegura que el proceso judicial contra Lula es sólo una nueva fase del “golpe de Estado parlamentario” que la sacó de la presidencia. Ella, el PT y decenas de movimientos sociales aglutinados en el Frente Brasil Popular y el Frente Brasil Sin Miedo aseguran que el impeachment contra Rousseff fue una primera etapa, que la siguiente fue el programa conservador adoptado por Temer, en particular la decisión de congelar el gasto público durante 20 años y la reforma laboral, y la última el intento de evitar el regreso de la izquierda al poder por medio de las urnas.

En respaldo de quien quieren que sea el próximo presidente, los movimientos sociales realizaron decenas de foros, debates y encuentros de distinto tipo que tiñeron de rojo las calles de Porto Alegre y reunieron también a figuras de izquierda y sindicalistas de otros países, incluso de Uruguay (ver página 6). Desde esas plataformas fueron múltiples las acusaciones de que las elecciones serán ilegítimas si Lula no participa en ellas. La semana pasada, en un encuentro con corresponsales extranjeros, el propio ex presidente se manifestó en este sentido: “Si se me prohíbe ser candidato por una decisión política del Poder Judicial, sería un fraude”. “Si tuviese 1% en las encuestas, nadie querría inhabilitarme”, agregó.

Argumentos

Mientras tanto, medios de comunicación afines a la izquierda consultan a juristas que aseguran que Lula debe ser absuelto, otros medios publican galerías de fotos de los campamentos instalados en los alrededores del TRF-4 y las fuerzas de seguridad se desplegaron en Porto Alegre para actuar ante eventuales desmanes.

Moro condenó a Lula tras considerar probado que recibió coimas por casi 1,2 millones de dólares de la constructora OAS, a cambio de favorecerla con contratos con Petrobras. El pago habría sido realizado por medio de un apartamento en Guarujá, San Pablo –al que el ex presidente dice nunca haber entrado–, ya que no fueron encontradas cuentas de Lula en el extranjero donde pudiera haber ocultado dinero. Además de nueve años de prisión, Lula fue condenado a pagar una multa de más de 200.000 dólares y a una inhabilitación por 19 años.

De acuerdo con los abogados del ex presidente, la condena de Moro fue un acto político y no jurídico, porque “no se presentó ninguna evidencia creíble de culpa y las pruebas aplastantes de su inocencia fueron ignoradas”, argumentan en la apelación. “Este juicio políticamente motivado ataca el Estado de derecho de Brasil, la democracia y los derechos humanos básicos de Lula”, agregan.

El dictamen de hoy sobre la apelación será el que defina si esa condena se mantiene integralmente, aunque si es así, Lula podrá presentar otras apelaciones y finalmente será la Justicia electoral la que defina si puede inscribirse como candidato.