“Desde hoy, soy candidato a la presidencia de la República. Represento a mi partido: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y me comprometo a encabezar un gobierno de transición que genere las condiciones para el nacimiento de una nueva Colombia”, dijo el sábado Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, quien fue líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ahora es el candidato presidencial del partido que las sucedió, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El candidato, que en los carteles de campaña usa el apodo “Timo” y aparece con su barba prolijamente recortada, dio un discurso en el que presentó a FARC como un partido revolucionario que tendrá como prioridad la lucha contra la pobreza y la desigualdad en Colombia. Timochenko enumeró los diez puntos centrales de su propuesta, entre los cuales están, además de estos dos, solucionar los problemas de educación y salud, y reducir el desempleo.

“No tenemos la fórmula mágica de la salvación; venimos a proponer un despertar general, una toma de conciencia en el sentido de que cambiar las cosas es posible”, aseguró en su discurso el candidato del que denominan “el partido de la rosa”, por la flor roja que presentan como logo. Agregó que FARC va a hacer de la política “una actividad noble y bienhechora” en la que “los colombianos del común [en referencia al nombre del partido] serán los verdaderos protagonistas, los que se apoderen de ella”. El llamado a la renovación es tal que el lema del partido es “una nueva forma de hacer política”.

En el acto también habló el número dos de la ex guerrilla y actual partido político, Iván Márquez, quien encabeza la lista de FARC al Senado, y subrayó la importancia de que lleguen al Congreso para “consolidar” el acuerdo de paz firmado en 2016. Por su parte, Byron Yepes, primero en la lista para Diputados, llamó a legislar “para que los problemas no los paguemos nosotros”, para que “las mujeres que hacen el trabajo doméstico puedan jubilarse” y para que “las víctimas reciban correctamente su reparación”.

FARC participa en estas elecciones sabiendo que contará, producto del acuerdo de paz firmado con el gobierno, con diez curules garantizados (cinco en el Senado y cinco en Diputados), que serán asumidos por sus candidatos más votados. En total, el partido presenta 74 nombres a las elecciones legislativas y espera conseguir más que los diez que ya tiene garantizados.

Sin embargo, las encuestas muestran pocas posibilidades de que eso pase: su intención de voto está en el entorno de 1% en los distintos estudios.

Por un lado, esta es una etapa temprana para las elecciones de Colombia. Pese a que las legislativas son en marzo y las presidenciales en mayo, es usual que los distintos partidos cuenten con baja intención de voto (actualmente es de alrededor de 20%) casi que hasta el día en el que se instalan las urnas. Además, FARC es un partido en cierta medida desconocido, y sus propuestas fueron presentadas el sábado en el acto.

Por otro lado, las encuestas también reflejan que los ex guerrilleros reúnen más rechazo que respaldo. Esto parece coherente con que más de la mitad de la población rechazó el primer acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla y con el escepticismo que puede generar el hecho de que personas que hasta hace unos meses portaban armas y estaban acusadas de delitos contra la humanidad ahora estén haciendo campaña política. Acerca de este punto, en una entrevista con la revista Semana Timochenko dijo que la imagen política de los ex guerrilleros “se ha venido superando” y agregó: “Es sumamente difícil para nosotros tener una imagen positiva tras diez años de una campaña mediática en la que siempre se nos pintó como monstruos”. En esa misma entrevista Timochenko dice que quiere terminar con “un fantasma que han utilizado los sectores retardatarios”: el “castrochavismo” venezolano. “Nadie quiere que se repita la crisis que se está viviendo en ese país. Yo creo que con los aciertos y errores de esa experiencia hemos aprendido todos”, aseguró, antes de agregar que no daría casas gratis porque “todo beneficio debe tener un costo social” y que un gobierno suyo respetaría la propiedad privada tal como está establecido en la Constitución.