La ola de despenalización y legalización de la marihuana en Estados Unidos podría frenarse, debido a que el gobierno de Donald Trump derogó una norma que impedía la intervención del gobierno nacional en la legislación de los estados sobre esta sustancia. Esto significa que, de ahora en más, los fiscales federales podrán decidir cómo aplicar la ley sobre el uso de la marihuana en los diferentes estados. La iniciativa fue anunciada el jueves por el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, en un memorándum en el que ordenó a los fiscales hacer cumplir la ley federal para perseguir las actividades relacionadas con la marihuana. “Es la misión del Departamento de Justicia hacer cumplir las leyes, pero las directrices previas minaban este cumplimiento y la capacidad de nuestros compañeros locales y estatales de ejecutar su misión de hacer cumplir la ley”, afirmó Sessions en el comunicado, haciendo alusión a la normativa derogada, que fue aprobada por el ex presidente Barack Obama en 2013.

Agregó que, “al decidir qué actividades con marihuana procesar bajo estas leyes”, los fiscales “deben seguir los principios bien establecidos que rigen todos los procesamientos federales al momento de considerar la gravedad del crimen y su impacto en la comunidad”.

El fiscal general aclaró que la derogación de la norma “simplemente” pide a todos los funcionarios de la Fiscalía que utilicen todas las herramientas con las que cuenta esa institución, “necesarias para acabar con las organizaciones criminales, la creciente crisis de drogas y el crimen violento en el país”. El año pasado, Sessions comparó a la marihuana con la heroína.

Es poco probable que esta decisión provoque detenciones de consumidores de marihuana o el cierre de las tiendas que venden insumos para su consumo, por ejemplo, pero congelará el crecimiento del mercado al disuadir a los bancos y otras instituciones de participar, de acuerdo con el diario Washington Post. En estados con regulaciones complejas sobre el cultivo, el consumo y la venta de marihuana, algunas operaciones podrían volver a la clandestinidad para no tener que proporcionar documentación que los fiscales podrían usar después en contra de quienes la brindaran.

La decisión de Sessions no sólo pone en riesgo el consumo de marihuana con fines recreativos. Entre las medidas que derogó el fiscal general estaba el llamado Memorándum Ogden, de 2009, que instruía a los fiscales federales a no perseguir casos de pacientes y distribuidores de marihuana medicinal que cumplían con las leyes estatales.

La única protección legal ahora para cultivadores, vendedores y usuarios de marihuana medicinal es una medida temporal patrocinada por el diputado republicano Dana Rohrabacher y su par demócrata Earl Blumenauer, que prohíbe que el Departamento de Justicia utilice fondos del gobierno para atacar la normativa. Sin embargo, esta protección expira el viernes 19.

El senador republicano Cory Gardner advirtió en Twitter que seguirá “todos los pasos necesarios” para que Sessions no termine con la norma aprobada por el gobierno de Obama. Recordó además que el fiscal general había prometido, antes de asumir el cargo, que no la eliminaría.

Por su parte, la líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el giro de Sessions de “guerra injusta” y “vergonzosa” contra los estadounidenses que consumen esta droga de manera legal, y consideró que “insulta” los “procesos democráticos” de los estados. Actualmente, 46 estados del país han aprobado leyes que permiten el uso de la marihuana con fines médicos, según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales publicados por Washington Post. De esos estados, ocho lo han hecho también para fines recreativos.