La Policía de Nicaragua reprimió el domingo a un grupo de personas que esperaban para sumarse a una protesta en Managua convocada por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, contra el gobierno del presidente, Daniel Ortega. Según registraron los medios locales, la concentración fue dispersada con bombas de sonido y en muchos casos los manifestantes fueron arrastrados a la fuerza hacia los patrulleros. Como resultado, la manifestación fue suspendida y 38 personas fueron detenidas. Entre ellos se encuentran integrantes de organizaciones opositoras y un periodista.

En un comunicado difundido horas después, las autoridades justificaron las detenciones al recordar que, el día antes, la Policía había advertido que no iba a permitir “manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso”. En la misma línea, aseguraron que lo que hizo la Policía fue “garantizar el orden y la seguridad en la capital ante los intentos de agrupaciones terroristas, golpistas y criminales que en los últimos meses han estado desarrollando acciones que violentan la paz y la tranquilidad”. También anunciaron el inicio de investigaciones “para determinar niveles de responsabilidad penal de los detenidos”, que luego se enviarán “a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”.

A última hora de ayer, ocho de los manifestantes detenidos habían sido liberados, incluido el periodista. Sin embargo, no se conocían detalles sobre los otros 30. Por eso, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) los consideró víctimas de “desaparición forzada”. Según dijo en una conferencia de prensa el director de proyectos de la comisión, Denis Darce, los familiares de esas personas no han sido informados sobre su paradero y tampoco conocen cuáles son sus condiciones de salud.

La CPDH insistió en que ninguno de los detenidos cometió delitos, ya que la Constitución de Nicaragua reconoce el derecho de libre concentración y movilización sin permiso previo.

A pesar de las advertencias del gobierno y los episodios de violencia, la oposición tiene previstas nuevas movilizaciones. La Unidad Nacional Azul y Blanco prometió seguir adelante con las protestas por una “Nicaragua libre”. En tanto, la Articulación de Movimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia de Nicaragua pidieron que se convoque un nuevo “paro nacional” de tres días para evitar la “embestida criminal y represiva” del gobierno.

La Articulación de Movimientos Sociales aseguró en un comunicado que un paro nacional es necesario para que cesen las “agresiones violentas” del gobierno. Por su parte, la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia llamó a los empresarios nicaragüenses a que “anuncien o establezcan una ruta para declararse en paro nacional indefinido, como medida urgente para preservar la vida del pueblo, exigir la salida del régimen de Ortega Murillo y libertad inmediata” para todos los “presos políticos”.

Fuera de Nicaragua, distintos organismos internacionales manifestaron su preocupación por la situación de violencia y, en general, por la crisis en la que está inmerso el país desde hace seis meses. La Organización de las Naciones Unidas dijo ayer, mediante su portavoz Stéphane Dujarric, que los nicaragüenses deben poder protestar de forma “libre y pacífica”, y reiteró su llamado a un diálogo político para resolver el conflicto.

Por su parte, los cancilleres de los países del Mercosur, reunidos en Montevideo, emitieron ayer una declaración en la que manifiestan su “repudio a las acciones represivas del gobierno nicaragüense contra sus opositores y la preocupación por la detención de defensores de los derechos humanos ocurridas este domingo”, que “representan un agravamiento de la crisis social y política” que atraviesa Nicaragua. Los cancilleres expresan su “rechazo a la continua limitación de las libertades individuales que sufre el pueblo” nicaragüense y “a la creciente violencia de la represión policial, incompatibles con un sistema democrático de gobierno”.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó “profunda preocupación por las detenciones en Nicaragua” y reiteró que “la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos”, por lo que llamó al Estado “a respetarlo y garantizar la seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas de protesta”.

La crisis en el país centroamericano comenzó el 18 de abril, cuando las protestas contra las reformas de la seguridad social devinieron en el reclamo de que Ortega deje el gobierno. Desde ese entonces, murieron entre 322 y 512 personas, según el conteo de organizaciones humanitarias locales e internacionales, que también denuncian la existencia de más de 400 “presos políticos”. El presidente rechaza las denuncias de abusos y asegura que la crisis es impulsada por grupos “golpistas” y “terroristas”.