Las sospechas de que la constructora brasileña Odebrecht financió campañas electorales en Perú se convirtieron en investigaciones en la Justicia peruana en 2016. Una de esas investigaciones es el “caso cócteles”, que intenta establecer si la empresa aportó fondos de manera irregular para apoyar la candidatura a la presidencia de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. Se supone que una parte de esos fondos fue ingresada como recaudación por “cócteles”.
Durante la investigación se encontró una agenda personal del titular de la constructora, Marcelo Odebrechet, con la anotación: “Aumentar a Keiko 500 y hacer una visita”. La dirigente negó haber recibido fondos ilegales, pero la Justicia siguió indagando y ayer dispuso su detención y la de otras 19 personas. Entre los involucrados aparecen su marido, Mark Vito Villanella, y dos ex ministros de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori.
El juez Richard Concepción Carhuancho coincidió con la Fiscalía en que la ex candidata debe estar en prisión preventiva por un plazo de diez días porque existe riesgo de que interfiera con la investigación y hay “evidencia grave [de] peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 [que cambió el nombre por Fuerza Popular]”. Esa organización, agrega, “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.
De los 20 involucrados en el caso, tres dejaron Perú en los últimos días, informó la agencia de noticias Andina. Se trata de Ytalo Ulises Pachas Quiñones, Jorge Yoshiyama Sasaki y el ex ministro Jaime Yoshiyama Tanaka. Por su parte, la líder de Fuerza Popular difundió un mensaje que fue divulgado en su cuenta oficial de Twitter en el que afirma que es víctima de una “persecución política”.