Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó la jornada electoral encerrado en la Casa Blanca después de protagonizar una intensa campaña, ayer las líneas telefónicas para reportar problemas a la hora de votar estaban saturadas. Tanto organizaciones defensoras de los derechos civiles como funcionarios electorales presentaron miles de informes de irregularidades en votaciones a lo largo y ancho del país. Las principales quejas tenían que ver con máquinas rotas, papeletas rechazadas y delegados poco capacitados “desafiando indebidamente el derecho de los estadounidenses a votar”, según informó el diario The Washington Post.
Una coalición de organizaciones dedicadas a promover el derecho al voto reportó más de 10.000 llamadas sólo antes del mediodía, el volumen más alto de quejas recibidas en unas midterm elections, dijeron los activistas en una conferencia de prensa en Washington. Juntas, las organizaciones desplegaron en todos los estados alrededor de 6.500 abogados para proteger el acceso a las papeletas, lo que constituye, también, una cifra récord.
Hubo denuncias más específicas. En Dakota del Norte, por ejemplo, uno de los abogados dijo que “decenas” de votantes indígenas estadounidenses fueron rechazados debido a problemas con su identificación. De acuerdo con Carla Fredericks, directora de la Clínica de Derecho Indio de la Universidad de Colorado, los trabajadores electorales rechazaron los documentos de identidad que presentaron estos ciudadanos y les aconsejaron que no votaran.
En otros estados, como Kansas y Georgia, trasladaron los centros de votación a último momento. En tanto, en Tennessee, un cambio de las leyes para registrarse llevó a que se eliminara a muchas personas de las listas para votar. Los activistas dijeron que los cambios afectaron a personas jóvenes o pertenecientes a minorías, que podrían apoyar a los candidatos demócratas. Las autoridades locales, por su parte, alegaron que todas las medidas que se tomaron fueron dirigidas a evitar el fraude electoral.
El propio Trump despertó las alarmas sobre un posible fraude en la víspera de la jornada electoral. En Twitter, el presidente dijo que las agencias de seguridad de Estados Unidos “han recibido órdenes de fijarse bien en cualquier voto ilegal que podría tener lugar en las elecciones” y advirtió que “cualquier persona” que sea detectada votando ilegalmente “será sujeta a las penas criminales máximas permitidas por la ley”. Más tarde, consultado por periodistas antes de partir a Ohio a participar en un acto de campaña, Trump sacó a relucir su retórica antiinmigrante y dijo que “bastaba” con ver “lo que ha ocurrido a lo largo de los años” para saber que hay “mucha gente que intenta entrar ilegalmente” al país y después vota. Dijo que se basaba “en pruebas”, pero en ningún momento las hizo públicas.
Las horas previas a las legislativas también estuvieron marcadas por alertas sobre las fake news. Tanto es así que la mayoría de los medios estadounidenses publicó ayer notas advirtiendo a la ciudadanía sobre mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos y textos en las redes sociales con contenido engañoso. Entre otros casos, circularon mensajes con información errónea sobre horarios y lugares para ir a votar, o alentando a los votantes a sufragar por mensaje de texto o correo electrónico, algo que no está permitido en Estados Unidos.
Para evitar que las redes sociales sirvan de plataforma para promover noticias falsas o implementar esfuerzos coordinados de injerencia electoral, tal como sucedió en las presidenciales de 2016, esta vez las compañías tomaron precauciones. Así, Facebook anunció el lunes el cierre de 30 cuentas de esa red social y 85 cuentas de Instagram, que las autoridades de Estados Unidos sospechan que forman parte de una “campaña de influencia extranjera”. Twitter, por su parte, informó la semana pasada que había eliminado cerca de 10.000 cuentas que publicaban de forma automatizada mensajes que instaban a los estadounidenses a no votar en las elecciones celebradas ayer, de acuerdo con la cadena CNN.
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