El 30 de noviembre y el 1º de diciembre se desarrollará en Buenos Aires la cumbre del G20, en la que participarán las autoridades de las principales economías del mundo y de países emergentes. Se prevé la presencia de los gobernantes Donald Trump, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China; Vladimir Putin, de Rusia; Emmanuel Macron, de Francia; Theresa May, de Reino Unido, y Racep Tayyip Erdogan, de Turquía, entre otros, por lo que la seguridad del encuentro –que por primera vez será organizado por Argentina– se ha convertido en una cuestión central para el gobierno que encabeza Mauricio Macri.

La reunión del G20 involucra a aproximadamente 10.000 personas, entre integrantes de las delegaciones, personal de seguridad y prensa. Generará cortes de servicios y calles, que alterarán la vida de Buenos Aires por cuatro días, ya que el operativo previsto por el gobierno se pondrá en marcha el 29 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 2 de diciembre. Los dos días en los que se desarrollará la cumbre se suspenderán los servicios de trenes y de subtes.

En el operativo previsto participarán más de 22.000 policías, y está previsto también que las delegaciones participen en esquemas de seguridad. Se estima que el costo del operativo será de unos cuatro millones de dólares, según informaron medios argentinos.

Es en este marco que se desplegaron acciones como la detención de dos jóvenes argentinos pertenecientes a la comunidad musulmana a los que se acusó de pertenecer a la organización libanesa Hezbolá, o el arresto de militantes anarquistas. “Se trata de una persecución producto de un contexto en el cual el gobierno, de algún modo, ha decretado que hay un enemigo interior que incluye no sólo a los que piensan diferente sino también a los que profesan religiones diferentes”, dijo el abogado Ismael Jalil, que representa a los dos jóvenes musulmanes, en declaraciones que recogió la agencia de noticias Efe.

Por otra parte, el gobierno está buscando desactivar una manifestación masiva anunciada por varias organizaciones sociales en contra del G20. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó detener esa movilización apelando a la mediación del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que preside el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Bullrich dijo que Serpaj había aceptado su planteo, lo cual generó una inmediata respuesta por parte de Pérez Esquivel, quien negó haber mantenido una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad y puntualizó que es “responsabilidad del Estado la seguridad social así como la de los jefes de Estado que vienen” a Argentina.

Hasta ayer, el único acercamiento por parte del gobierno nacional al organismo que preside Pérez Esquivel fue una carta que lleva la firma del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman. En varios tramos del texto, las autoridades solicitan a Serpaj que se encargue de “aislar a los violentos” y sostienen que es necesario coordinar acciones “con la finalidad concreta de ofrecer un canal de diálogo institucional de carácter formal y efectivo a fin de tratar, de manera conjunta, temas relacionados con la seguridad y la debida garantía constitucional de libertad de expresión en las manifestaciones que el Grupo Confluencia Fuera G-20-FMI llevará a cabo durante los días 28, 29 y 30”.

Al igual que Bullrich, antes de recibir cualquier respuesta por parte del dirigente de Serpaj, Milman dijo en Twitter: “Agradezco la predisposición de Adolfo Pérez Esquivel, Confluencia Fuera G-20-FMI, Asamblea No al G-20, Grupo organizador Jornada Nacional contra el G-20-FMI #30N y Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para aceptar nuestra propuesta de diálogo”.

Pérez Esquivel manifestó que “antes de hacer anuncios tiene que haber reuniones”, y agregó que lo único que habían hecho los convocantes de las manifestaciones “fue un pedido de autorizaciones” para movilizarse. “A nosotros no nos han informado, ni hemos tenido ninguna reunión”, agregó el dirigente. “Esperemos que todo se desarrolle sin ningún tipo de violencia de ninguno de los sectores. Hay que manifestarse en forma pacífica, no en la violencia; hacemos un llamado a la conciencia colectiva”, concluyó.