Con el apoyo unánime de todos los partidos políticos, el Congreso español aprobó esta semana un proyecto de ley que tiene como objetivo investigar e indemnizar a las víctimas de la sustracción de bebés y juzgar a los culpables de una trama que comenzó durante la dictadura de Francisco Franco y que se extendió a los primeros años de la década de 1980, ya en democracia. La ley prevé la creación de un banco de ADN, de una Fiscalía Especial para encargarse de estos casos, y además facilitar el acceso a los archivos de la época, tanto privados como públicos, incluidos los de la iglesia católica. En la exposición de motivos del proyecto aprobado, se explica que la medida pretende mitigar “una de las mayores atrocidades que ha vivido” el país, donde “un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero al día de hoy”. Agrega que esta práctica contó con la complicidad de algunos médicos, enfermeras, así como de personal religioso.

Según informó el diario catalán La Vanguardia, los autores de la norma distinguen dos fases en la trama de robo de niños. “En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera: los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades. Según el auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa”.

En la segunda fase, que se ubica en “las décadas siguientes, la represión ideológica, moral, religiosa y de género se cebó con las mujeres pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad: madres de familia numerosa, pobres, solteras, la mayor parte de ellas con graves carencias económicas, culturales y educativas que las hacía ser un objetivo propicio. En todos estos años, la cantidad de bebés desaparecidos fue inmensa”, se agrega en la norma aprobada por el Congreso, que fue impulsada por asociaciones de afectados.

Si bien esta situación era por demás conocida en el seno de la sociedad española, durante décadas el tema nunca fue encarado a nivel oficial. Recién en junio se juzgó por este caso a Eduardo Vela, un ginecólogo y obstetra de 85 años. El juicio concluyó en octubre, y si bien se encontró al médico culpable de todos los cargos, el acusado fue absuelto debido a que el delito había prescrito.

La nueva ley corrige esta situación declarando el robo de bebés como un crimen contra la humanidad, y que por lo tanto no prescribe.

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español en este debate, Antonio Hurtado, celebró este paso que dio el Congreso e hizo hincapié en la “inmunidad” que los culpables de estas tramas tenían y que los llevó a continuar robando bebés después del franquismo y a pesar de la Constitución, que ya amparaba los derechos de todos los ciudadanos. Por su parte David Carracedo, diputado de Podemos, dijo en declaraciones al medio digital 20minutos.es que “todo lo que está en la ley el Ejecutivo podría ponerlo en marcha mañana mismo”, aunque valoró que existe un “avance” al respecto y también destacó que la norma haya sido aprobada por “unanimidad”.