Desde su aprobación en el Parlamento, en 2010, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, se ha vuelto a discutir la ley que prohíbe el uso del velo integral islámico, la burka y el niqab. La semana pasada el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que la prohibición era una violación de los derechos humanos e instó a Francia a revisar la legislación al respecto.
La determinación adoptada por los 18 expertos que forman parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos surgió a raíz del caso de dos mujeres musulmanas que fueron multadas por utilizar esta prenda que cubre completamente el rostro y el cuerpo, o permite ver únicamente los ojos.
Según informó la agencia de noticias Reuters, el comité de la ONU consideró que Francia no había presentado argumentos que justificaran la prohibición, y dio al gobierno de Emmanuel Macron 180 días para informar sobre las acciones que tome al respecto.
Las conclusiones del panel de la ONU no son legalmente vinculantes, aunque sí podrían tener algún tipo de influencia en los tribunales franceses, según dijeron fuentes judiciales al diario Le Monde.
No obstante, el pronunciamiento del comité de la ONU se contrapone con la Corte Europea de Derechos Humanos, que en 2014 y 2017 avaló la ley que prohíbe el uso del velo integral en Francia, informó la agencia de noticias AFP. La norma francesa prohíbe el porte de toda prenda que esconda el rostro de una persona en el espacio público, y quien la incumpla puede recibir una multa de hasta 150 euros.
Según afirmó Ilze Brands-Kehris, miembro del comité de la ONU, la decisión tomada es fruto de un “análisis estrictamente jurídico de la situación”. También advirtió, que aunque no tiene poder, Francia está obligada a estar en conformidad con las recomendaciones del comité porque es un país signatario del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos.
El gobierno francés respondió con un comunicado divulgado por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores en el que recuerda que: “La ley prohíbe ocultar el rostro en el espacio público en la medida en que se considera incompatible con el principio de fraternidad y con la base mínima de valores propios de una sociedad democrática y abierta. Por ello, cualquier persona es libre de llevar una prenda que signifique su creencia religiosa en el espacio público, siempre y cuando el rostro quede a la vista”. En el comunicado, además, la cancillería francesa “recuerda que el Consejo Constitucional consideró que la ley respeta la Constitución”, y agrega que “el 1º de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que dicha ley no atenta ni contra la libertad de conciencia, ni contra la libertad de religión y que no es discriminatoria”.
En el cierre del comunicado, el ministerio afirma que “Francia insiste en la total legitimidad de una ley que persigue garantizar que se reúnan las condiciones para una convivencia necesaria para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, al que atribuye gran importancia y que fomenta desde su acción internacional” y que el país “defenderá su postura en el informe de seguimiento que remitirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el contexto del diálogo que mantiene con él”.
Si bien Francia fue el primer país en aprobar una ley que restringía el uso de esta prenda, otros de Europa también cuentan con legislaciones similares. En 2011, apenas un año después de que la medida se adoptara en Francia, el parlamento de Bélgica aprobó una ley muy similar. Luego se sumaron Holanda, Bulgaria, Austria y Dinamarca, y el debate sobre este asunto sigue abierto en varios países europeos, como Alemania, Suiza, Estonia, Letonia, Lituania y Noruega.