Mientras miles de migrantes centroamericanos esperan que se les permita solicitar asilo para ingresar a Estados Unidos, un juez federal de la ciudad de San Francisco, Jon Tigar, bloqueó temporalmente una directiva que lo impedía. El viernes 9, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden que prohibía por 90 días que los extranjeros que ingresaran al país solicitaran asilo. Argumentó que había razones de seguridad nacional para imponer esa prohibición.
En una declaración pública, el juez manifestó que la medida de Trump vulnera la ley migratoria estadounidense, que permite pedir asilo a cualquier extranjero, independientemente de si entró o no legalmente al país. “Sea cual sea el alcance de la autorización del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, señaló Tigar. La decisión del juez coincide con la de grupos defensores de los derechos humanos, que también consideran que la orden presidencial violaba las leyes de inmigración estadounidenses.
Según informaron distintos medios estadounidenses, la suspensión ordenada por el juez tiene vigencia por un mes, y posiblemente el gobierno de Trump recurra la medida ante un tribunal de apelación.
De acuerdo con datos brindados por las autoridades del estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana hay alrededor de 3.000 migrantes centroamericanos –la mayoría de ellos son hondureños, pero también hay salvadoreños y guatemaltecos– y una cifra similar se encuentra en la localidad de Mexicali, también fronteriza, situada 180 kilómetros al este de Tijuana. Precisamente ayer la agencia de noticias AFP informó que miles de migrantes empezaron a trasladarse haciendo dedo por la carretera que va desde Mexicali hacia Tijuana para poder solicitar asilo.
Migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, se desplazan en una caravana hacia Estados Unidos, ayer, en el estado de Baja California, México.
Foto: Pedro Pardo
Mientras tanto, del lado estadounidense de la frontera el gobierno continúa tomando medidas para garantizar la seguridad en la zona. En la madrugada del lunes autoridades fronterizas cerraron durante varias horas las garitas internacionales de San Ysidro y Otay, ambas ubicadas en el paso fronterizo de la ciudad de Tijuana, donde efectivos militares hicieron trabajos para colocar barricadas de concreto y alambres con navajas de acero, según informó el diario mexicano La Jornada.
Si bien las autoridades migratorias estadounidenses atienden entre 40 y 80 solicitudes de refugio al día, se estima que comenzarán a tomar más peticiones con la intención de agilizar el pasaje de los migrantes. De acuerdo con medios mexicanos, son varios miles de personas las que están en la lista de espera para poder presentar su pedido de asilo.
El trámite de regularización puede llegar a durar hasta ocho meses, lo que generó que varios migrantes comenzaran a dudar sobre si seguir esperando en la frontera o acogerse al ofrecimiento de asilo y trabajo que hizo en los últimos días el gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto.
Se estima que actualmente hay en territorio mexicano más de 7.000 centroamericanos, en su mayoría hombres jóvenes, mujeres y niños, que se dirigen hacia Estados Unidos, lo que ha generado una reacción agresiva del presidente Trump, quien calificó a las caravanas de migrantes de una “invasión”. En la zona fronteriza de Tijuana, vecina de la ciudad estadounidense de San Diego, ya se han desplegado alrededor de 9.000 militares estadounidenses para vigilar.
Además de la hostilidad de Trump, los centroamericanos enfrentan la de algunos grupos de habitantes de la ciudad de Tijuana, que incluso llegaron a hacer manifestaciones de corte xenófobo en los últimos días, para protestar contra la presencia de los migrantes en su ciudad.
Eunicie Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, se declaró sorprendida por la reacción de este sector de la población tijuanense y en declaraciones a la agencia de noticias France 24 dijo que lo que está sucediendo “es algo atípico”. Agregó: “Hemos tenido muchas caravanas en la ciudad, por aquí han pasado muchos migrantes y nunca había sucedido esto”.
La activista apuntó contra el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, que hizo declaraciones públicas en las que mostró su rechazo a los extranjeros que llegaron a México. “Él está reforzando un discurso xenófobo e incluso llegó a plantear una consulta popular para preguntar si la gente quiere expulsar a los migrantes de la ciudad”, afirmó Rendón.