La clase política chilena está dividida una vez más en torno al futuro de los presos de Punta Peuco, la cárcel especial en la que están encerrados más de 100 militares que reprimieron, torturaron y asesinaron durante la dictadura de Augusto Pinochet. En el centro del debate está el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de noviembre que reforma el sistema de libertad condicional para personas privadas de libertad. La iniciativa incluye un punto propuesto por la oposición que busca endurecer los requisitos para que los acusados por violaciones a los derechos humanos accedan a la libertad condicional. Unos días después, los diputados de los partidos de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre este punto porque consideraron que se basa en la “venganza” y no en la “justicia”.

Los legisladores derechistas –que integran la coalición de gobierno de Sebastián Piñera– plantearon que la iniciativa vulnera el artículo 19 de la Constitución de Chile porque impone “discriminación arbitraria” y condiciones “imposibles de cumplir” para obtener el beneficio de libertad condicional. Esto debido a que la oposición impuso la condición de que sólo puedan acceder al beneficio quienes hayan cumplido al menos dos tercios de la pena y puedan demostrar colaboración sustancial en el esclarecimiento de los crímenes y arrepentimiento. Este no es el caso de la mayoría de los presos de Punta Peuco.

La solicitud de UDI y RN despertó el rechazo de distintas agrupaciones defensoras de los derechos humanos e integradas por familiares de las víctimas de la dictadura. La semana pasada, los diputados del Partido Socialista (PS) se sumaron a este repudio y presentaron un escrito ante el TC que refuta los argumentos oficialistas. En el texto, los socialistas niegan que haya discriminación ya que no puede existir “un tratamiento desigual entre quienes se encuentran en la misma condición, porque existe una diferencia elemental entre criminalidad común y criminalidad del Estado”. A su entender, la criminalidad estatal “gozó de impunidad de facto” durante “las circunstancias fácticas del ejercicio del poder” y pudo ser juzgada de manera “paulatina” cuando se restableció la democracia.

En el texto, los legisladores socialistas también aseguran que “la desigualdad” que plantean los dos partidos en el tratamiento penal es “una falacia” y agregan: “Para el avance de la Justicia se requiere una real cooperación democrática con los organismos encargados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y no presiones para instalar la impunidad de los violadores de los derechos humanos”.

El TC escuchó los alegatos a favor y en contra del proyecto de ley en dos audiencias que tuvieron lugar ayer y el miércoles. Todavía no está definida la fecha en la que anunciará el fallo.

El miércoles, mientras se desarrollaba la primera audiencia, decenas de personas se agolparon en las puertas del edificio del TC para manifestar su rechazo a la libertad condicional para los condenados por delitos de lesa humanidad. Una de las manifestantes era Vittoria Natto, hija del torturador el Perro Pienovi. “Nosotros como hijos [de represores] estamos de acuerdo en apoyar que no puede haber impunidad. Los requisitos no deben rebajarse”, dijo Natto a la agencia de noticias AP. Agregó: “Mi padre fue también un genocida y él nunca se arrepintió. Dijo siempre: ‘Matamos pocos, teníamos que matar más’”.

Cuando terminó la sesión, el presidente del TC, Iván Aróstica, fue agredido a patadas y golpes de puño a la salida de la sede por personas cercanas a movimientos de derechos humanos. El magistrado terminó en el piso y tuvo que ser levantado por funcionarios de Carabineros, que lo ingresaron en un auto y se lo llevaron. La agresión fue repudiada por representantes de todo el espectro político chileno.