El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció ayer que el gobierno congelará los precios del gas, la electricidad y los combustibles como medidas para “apaciguar” las protestas de los llamados “chalecos amarillos”. También suspenderá el endurecimiento de las condiciones de la inspección técnica a vehículos que tenía que entrar en vigor el 1º de enero. Todas las medidas regirán durante seis meses. En ese tiempo, dijo Philippe en una declaración televisada, se abrirá “un diálogo nacional verdadero” para analizar “el conjunto de preocupaciones expresadas en las últimas semanas”.

El jefe de gobierno, que desde el lunes se puso al hombro las negociaciones con los distintos sectores políticos y sociales, consideró que “ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación”. Se refería al balance de las últimas tres semanas de protestas, en las que cuatro personas murieron en circunstancias accidentales y cientos resultaron heridos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “Esta cólera, que viene de lejos y durante mucho tiempo ha estado muda, hoy se expresa con fuerza y de forma colectiva. Habría que estar sordo y ciego para no verla y escucharla”, reconoció.

Philippe adelantó que en el próximo medio año se discutirán medidas alternativas para ayudar a los trabajadores más desfavorecidos que dependen de autos para llegar al trabajo. Sin embargo, advirtió a los franceses que no pueden esperar mejores servicios públicos si pagan impuestos más bajos, por lo que es necesario que ambas partes hagan concesiones.

Representantes del movimiento de los “chalecos amarillos” admitieron que el anuncio de Philippe constituía un “primer paso”, pero aseguraron que no es suficiente. “Los franceses no quieren migajas, quieren la baguette completa”, dijo ayer uno de los referentes más visibles, Benjamin Cauchy, a la agencia de noticias AFP. En ese sentido, reclamó una revisión del sistema fiscal francés, una “nueva distribución de la riqueza en Francia” y la introducción de “referéndums regulares sobre los principales problemas sociales” del país. A esas exigencias, otra de las figuras del movimiento, Éric Douet, agregó el aumento del salario mínimo. En declaraciones a AFP, Douet dijo que la respuesta del Elíseo “no es en absoluto” lo que esperaban los “chalecos amarillos” y llamó a “regresar a las calles” este sábado, “cerca de los lugares de poder”. “La gente está cada vez más motivada”, agregó, “seremos aun más numerosos”.

La oposición política tampoco quedó conforme con los anuncios. El líder de la bancada de Los Republicanos en el Senado, Bruno Retailleau, dijo que “esta es una propuesta que está muy por debajo de lo que desea el movimiento de ‘chalecos amarillos’”. Para el vocero del Partido Socialista, Boris Vallaud, es una medida que llega “tarde”. “El gobierno suspenderá la gota que derramó el vaso. ¿Pero el propio vaso?”, se preguntó. El director de campaña de La Francia Insumisa, el izquierdista Manuel Bompard, denunció, por su parte, un “bricolage de maniobras y electoralista”, y dijo que el gobierno sólo “pospuso” el aumento de impuestos hasta “después de las elecciones europeas”, previstas para mayo de 2019. En tanto, la presidenta de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, dijo en Twitter que la moratoria sobre el aumento de los impuestos al combustible “obviamente no está a la altura de las expectativas” de los franceses.

El plan original del presidente de Francia, Emmanuel Macron, consiste en aumentar el precio de los combustibles para, progresivamente, abandonar el uso de una fuente de energía que emite gases de efecto invernadero. La medida se enmarca en el plan de lucha contra el cambio climático que el gobierno de Macron promueve y lidera a nivel internacional. Los 18 meses de gobierno de Macron han estado atravesados por protestas masivas contra algunas de sus reformas, como la laboral o la ferroviaria. Sin embargo, las manifestaciones populares no habían logrado que el gobierno se retractara, algo que –aunque de manera temporal– sucedió ayer por primera vez.