Un tribunal confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta argentina Cristina Fernández por liderar una “asociación ilícita”. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi también ratificaron el embargo de 57 millones de dólares para la actual senadora, que también es acusada de “recibir dádivas” y de “cohecho pasivo”. Fernández había sido procesada en setiembre por Claudio Bonadio, el juez federal a cargo de la llamada “causa de los cuadernos”.
Al procesar a Fernández, Bonadio dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por un sistema de “recaudación de coimas” que comenzó con el ex presidente Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de Fernández. En línea con este planteo, Bruglia y Bertuzzi determinaron ayer que la ex presidenta tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.
La decisión del tribunal alcanzó además al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a su número dos en esa cartera, Roberto Baratta, procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y el cohecho pasivo. Otros siete ex funcionarios y dos empresarios –Carlos Wagner, antiguo titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de la empresa Electroingeniería– fueron procesados por los mismos cargos. Según el tribunal, los demás empresarios que estaban involucrados en el caso “no formaban parte de la organización ilegal”, por lo que sólo fueron procesados por “cohecho”.
Además de ratificar el procesamiento de Fernández, el fallo dictado por el tribunal habilitó a Bonadio a solicitarle al Senado el desafuero de la ex presidenta. Sin embargo, no está claro cómo prosperaría este trámite, ya que el jefe de bancada del Partido Justicialista en la cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, reiteró la posición de esa organización política de no votar el desafuero si no hay una condena firme. “No conozco el contenido de la sentencia, pero me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva. La pregunta es: ¿cuál es el riesgo de fuga respecto de la ex presidenta? ¿A dónde va a ir? ¿Al África meridional? ¿Cuál es la posibilidad hoy, fuera del poder, con pruebas ya recolectadas en la etapa de instrucción, de que pueda entorpecer la investigación? La ex presidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido las veces que fue requerida; me parece un exceso, un disparate”, dijo el senador a Radio Nacional.