Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) se sumaron a los repudios al decreto de la ministra Patricia Bullrich que amplía y flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de agentes de las fuerzas de seguridad argentinas. El chileno José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, expresó en su cuenta de Twitter que la nueva normativa “podría permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad”, mientras que AI alertó en un comunicado público que el texto “viola compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina”.
AI, por su parte, exhortó al gobierno argentino “a revisar” el decreto porque “representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito y que comprometen la responsabilidad internacional del Estado”. “Llama la atención que en el texto de la Resolución no exista ninguna referencia a la obligación de las fuerzas de seguridad de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas, tal como expresan los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
Pero mientras las repercusiones siguen tanto dentro como fuera de Argentina, el nuevo decreto no puede ser aplicado en la Capital Federal porque el juez Roberto Gallardo lo declaró inconstitucional e inaplicable, dando lugar a un recurso de amparo presentado por la abogada Myrian Bregman, quien es diputada porteña por el Partido de los Trabajadores Socialistas.
La medida del juez Gallardo fue duramente criticada por Diego Santilli, quien es vicejefe del Gobierno porteño y está a cargo del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. “No sé qué tiene que ver un juez local con una medida cautelar general sobre un reglamento que es federal”, cuestionó el funcionario porteño en declaraciones radiales citadas por el portal Tiempo Argentino.
Por otra parte, la normativa impulsada por la ministra de Seguridad generó una crisis interna en el partido de gobierno, Cambiemos, ya que una de sus más connotadas diputadas, Elisa Carrió, afirmó: “Me parece que esta reglamentación firmada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”.