La oposición venezolana evaluaba ayer cómo pararse ante la convocatoria a elecciones el 22 de abril. La fecha fue fijada por el gobierno después de que fracasaran las negociaciones entre las dos partes para acordar, entre otras cosas, las condiciones de esa votación.
El diputado opositor Julio Borges, que lideró las conversaciones con el gobierno, dijo que va a comenzar una “gira internacional” para denunciar la “grave crisis política y social” de Venezuela. Este dirigente del partido Primero Justicia (del ex candidato presidencial Henrique Capriles) dijo que había rechazado esa fecha para la convocatoria a elecciones y pidió “unidad” a la oposición. Lo mismo pidió Voluntad Popular, el partido del dirigente Leopoldo López, que se encuentra en prisión domiciliaria. En una carta pública firmada por el diputado Luis Florido, el partido instó a “definir un solo líder que encabece a todos los sectores”.
Por su parte, el abogado de Leopoldo López, Javier Cremades, dijo ayer a la agencia de noticias Efe que es una “gran victoria” que la Corte Penal Internacional (CPI) haya decidido abrir una investigación preliminar sobre posibles abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas durante manifestaciones contra el gobierno. Ante esta decisión de la CPI, que se conoció ayer, el gobierno de Venezuela rechazó “de manera firme y categórica” esa iniciativa, y manifestó, según citó la agencia de noticias Efe, que de abril a julio de 2017 hubo “alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticos, con la finalidad de derrocar el gobierno”, pero aclaró que, a pesar de todo, Venezuela dará “su plena contribución para que se diluciden los hechos mencionados”.