Fueron seis meses de reuniones y debates entre cinco partidos de izquierda con representación en el Congreso de Brasil, algunos de los cuales participaron en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. La conclusión es un manifiesto, firmado por los presidentes de cuatro de las cinco fundaciones ideológicas de esos partidos: Francisvaldo Mendes de Souza, de la Fundação Lauro Campos, del Partido Socialismo y Libertad; Manoel Dias, de la Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini, del Partido Democrático Laborista; Renato Rabelo, de la Fundação Maurício Grabois, del Partido Comunista de Brasil; y Márcio Pochmann, de la Fundação Perseu Abramo, del Partido de los Trabajadores. También participó en todo el proceso la fundación João Mangabeira, del Partido Socialista Brasileño, pero a último momento retiró su firma del documento.

La principal precisión que se hizo en la presentación del manifiesto, la semana pasada, fue que no se trata de un acuerdo programático ni de una alianza electoral, sino de una apuesta para buscar los puntos en común que reúnen a los partidos de izquierda más importantes de Brasil. La intención del documento, titulado “Unidad para reconstruir Brasil”, es, según se indica en el texto, “facilitar el diálogo para construir la unión de amplias fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales que constituyan una nueva mayoría política y social capaz de sacar al país de la crisis y encaminarlo a un nuevo ciclo político”.

Los partidos de izquierda coinciden en que dos grandes motivos determinan la necesidad de unirse detrás de un nuevo proyecto nacional. El primero de ellos es “repeler vigorosamente el intento de las grandes potencias capitalistas de subordinar a Brasil a los dictámenes de un orden neocolonial”; el segundo, “liberar a Brasil” del modelo “ultraliberal, autoritario, antipueblo y anti-Nación” que consideran que está imponiendo el gobierno del presidente Michel Temer con el apoyo de “los partidos conservadores y las grandes fuerzas económicas internas y externas”.

Propone la instalación de un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo, para lo cual se presentan algunas tareas inmediatas y directrices. Entre las primeras se incluyen la “restauración” de la democracia, la defensa de la soberanía nacional y del patrimonio de Brasil, en oposición a las privatizaciones promovidas por Temer. También se menciona la búsqueda del crecimiento económico, mediante una mayor inversión, y del estímulo a la producción, así como la generación de empleo y el combate a la corrupción. Por último, se consideran necesarias “reformas estructurales democráticas”.

En cuanto a directrices, se propone reponer varias líneas políticas que estuvieron presentes durante los gobiernos de Lula y Rousseff, como la construcción de un “Estado nacional fuerte”, que sea un “planificador e inductor del desarrollo”, en oposición a la “concepción oportunista y omisa del Estado mínimo neoliberal”. También se menciona una reforma tributaria que aplique más impuestos a quienes “detentan fortunas, riquezas y rentas elevadas” y que promueva gradualmente una reducción de los impuestos a la producción, el consumo y el salario. Siguiendo la línea de la política económica promovida principalmente en los gobiernos de Lula, el manifiesto plantea que “la reducción de las desigualdades sociales y regionales fortalece y dinamiza el mercado interno, lo que, a su vez, incrementa el crecimiento económico”.

Otros aspectos que fueron promovidos por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y aparecen en el texto son la búsqueda de alianzas comerciales y políticas con los países de la región y el impulso al sector industrial para que Brasil no sea “restringido a la condición de mero exportador de commodities”.

Algunas de las propuestas refieren directamente a eliminar políticas impulsadas por Temer. En tal sentido se habla de “restablecer las políticas públicas necesarias para la reducción progresiva de las desigualdades de renta y de oportunidades”, entre las que se mencionan la forma de cálculo del salario mínimo, que fue modificada por el presidente en perjuicio de los trabajadores, y la “recuperación de las políticas de combate al hambre”, debilitadas durante el gobierno de Temer. También son iniciativas que contrarrestan los cambios del Ejecutivo actual las que proponen facilitar el acceso a la educación, especialmente la de nivel terciario, fortalecer el sistema de salud pública y proteger el medioambiente.

Se incluyen en el documento algunos puntos que quedaron pendientes en los gobiernos de Lula y Rousseff, o que ni siquiera fueron abordados, como la eterna necesidad de una reforma política, judicial y de los medios de comunicación, a los que consideran “monopolizados”. Además, se habla de la necesidad de un nuevo sistema federal que termine con las “desigualdades regionales y los desequilibrios” en las relaciones entre el gobierno central, los estaduales y los municipales.

Sobre el final del texto se suma una propuesta de promover “políticas públicas que contribuyan a superar preconceptos y discriminaciones y que combatan eficazmente la violencia” contra las mujeres.

El manifiesto fue presentado por los presidentes de las fundaciones sin la presencia en el acto de dirigentes que se postulen a las elecciones de octubre, lo que buscaba dar el mensaje de que esta iniciativa pretende trascender el debate meramente electoral y concentrarse en las medidas que la izquierda considera necesarias para Brasil. En este sentido, el manifiesto concluye diciendo que “el texto que se presenta para examen y debate no es un punto de llegada, sino de partida”.