La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Argentina solicitó ayer que se evalúe la revocación del beneficio de prisión domiciliaria otorgado en diciembre al represor Miguel Etchecolatz, en caso de comprobarse que incumplió “las normas establecidas para gozar de esa modalidad de detención”. En un comunicado, el organismo del gobierno aclaró que es necesario que la revisión se haga “de manera urgente”, dada la magnitud de las circunstancias denunciadas.

El 20 de enero, varias personas denunciaron haber visto a Etchecolatz salir de su casa en Mar del Plata en silla de ruedas y sin esposas. En ese momento, miembros de su entorno explicaron que estaba siendo trasladado a una clínica por complicaciones de su estado de salud.

La solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos tuvo lugar un día después de que la Fiscalía argentina pidió al Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que concedió el beneficio a Etchecolatz, que lo revoque. Lo calificó de “arbitrario” y “carente de fundamentación”. Al presentar la solicitud ante el tribunal, la fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Ángeles Ramos, dijo que la decisión se basó en informes médicos “parciales” a pesar de que había documentación forense “de mayor peso” que no habilitaba el arresto domiciliario.

Además, Ramos hizo hincapié en que Etchecolatz formó parte de “uno de los aparatos de inteligencia más importantes de los que operaron durante la última dictadura militar”, un elemento que, a su juicio, implica la posibilidad de que conserve cierto “poder” para eliminar pruebas que lo incriminen y “evadir o entorpecer el accionar de la Justicia”.

También el lunes, organizaciones sociales, vecinos del barrio en el que vive el represor y querellantes en la causa Circuito Camps –que aglutinó una veintena de centros clandestinos de detención durante la dictadura argentina–, presentaron ante el tribunal de La Plata un documento con más de 1.500 firmas para que Etchecolatz vuelva a la cárcel. El pedido, de acuerdo con el documento entregado, se basa en el hecho de que el represor “ha quebrantado la prohibición de salir del domicilio sin la debida autorización judicial” y en “violación a la obligación inmediata de aviso, evidenciando el deficiente control jurisdiccional”.

Los vecinos, además, denunciaron la “conmoción social” que generó la llegada del Etchecolatz al barrio marplatense, una presencia que “vulnera sus derechos”.