La ex líder del partido independentista y anticapitalista Candidatura de Unidad Popular, Anna Gabriel, se sumó a la lista de políticos catalanes que se fueron de España denunciando que sufren una persecución política mediante el sistema judicial. Gabriel tenía una audiencia el miércoles ante el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que investiga a los líderes independentistas catalanes por sospechas de que pudieron haber cometido el delito de rebelión por su participación en el intento de declarar la independencia de Cataluña respecto de España.

La dirigente, que viajó a Suiza, dio allí una entrevista al diario Le Temps, y dijo que no se presentaría a la audiencia y se quedaría en ese país. Argumentó que en España no tendría un “juicio justo” porque es “perseguida” por su actividad política. “La prensa gubernamental me ha declarado ya culpable”, dijo, antes de agregar: “Como no tendré un proceso justo en mi país, busco un país que puede proteger mis derechos”. En otra entrevista, Gabriel dijo que en Suiza dejará la actividad política para dedicarse a la docencia. En España había sido profesora de derecho.

Acerca de su situación judicial, Gabriel manifestó que ella y sus abogados creen que “no hay ningún fundamento” para denunciar que ha cometido un delito y “sí todas las bases” para denunciar una persecución política. “Suiza no acepta las extradiciones de personas perseguidas, y ese es mi caso”, agregó.

La Fiscalía española quería pedir al juez Llarena que emitiera una orden de prisión contra la ex diputada como paso previo para pedir su extradición, pero antes de que la solicitud llegara el magistrado pidió su detención tal como se hace siempre que un investigado no acude a una audiencia. Es una orden limitada al territorio español, y por algunos elementos jurídicos es insuficiente para pedir la extradición.

Gabriel ha dicho que le da tristeza dejar su país, su familia y sus amigos, pero que entiende que es necesario hacerlo para evitar ser condenada sin fundamento. El miércoles la dirigente quedó en la misma situación que el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros que se fueron a Bélgica ni bien el gobierno de Mariano Rajoy intervino la Generalitat y disolvió el Parlamento catalán. Puigdemont está imputado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, y llegó a pedirse su extradición a Bélgica, pero finalmente la Justicia retiró la solicitud porque estos delitos no tienen un correlato claro en la legislación de ese país, lo que podría llevar a que fuera rechazado.

En el caso de Gabriel todo se perfila para que suceda algo parecido. “Se trata de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición [...] no se puede acordar por esos motivos”, dijo a Le Temps el portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli.

No sólo la Fiscalía española actuó contra la presencia de Gabriel en Suiza. El partido político conservador Vox, que es querellante en el caso contra los dirigentes del proceso independentista catalán, pedirá a Llarena que adopte “medidas contundentes” contra Gabriel, los cinco ex integrantes del gobierno catalán que están en Bélgica y cualquiera que quiera seguir su camino. “Vamos a pedir que, de alguna forma, intente evitar que esto vuelva a ocurrir”, dijo su secretario general y abogado, Javier Ortega. La forma más efectiva para evitarlo, reconoció, es que sean detenidos de forma preventiva, tal como ha sucedido con otros varios líderes políticos que están imputados, entre ellos el diputado electo y ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras.

El enfoque judicial que ha hecho España de la situación en Cataluña ha dificultado la conformación de un nuevo gobierno después de que en las elecciones del 21 de diciembre el partido más votado fue Ciudadanos, pero las fuerzas independentistas, en conjunto, reunieron un mayor apoyo. Los principales nombres de los independentistas para conformar gobierno fueron los de Puigdemont y Junqueras, pero ninguno de los dos está en condiciones de asumir la jefatura de gobierno. En un momento se manejó el nombre de Elsa Artadi, portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, pero días después, la prensa española publicó un informe de la Guardia Civil en el que se vincula a Artadi con la organización del referéndum independentista del 1º de octubre, declarado ilegal por la Justicia. En ese informe, la Guardia Civil recomendaba al Poder Judicial que tomara acciones contra la dirigente. Junqueras dijo ayer, en una entrevista en la que respondió por escrito a la BBC, que los dirigentes catalanes alcanzarán “pronto” un acuerdo para conformar un nuevo gobierno. “Es una necesidad”, agregó.