Durante cinco días, eso fue lo último que se supo de él. Finalmente, el 28 de enero, el adolescente fue hallado en una calle del municipio Melchor Ocampo, en el estado de México. Había sufrido golpes y estaba desorientado, según declararon sus familiares.

El día después a su aparición, el gobernador de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que Sánchez había sido enviado a un hospital infantil psiquiátrico para que se le hiciera una “valoración psicológica” antes de dar su declaración sobre lo ocurrido. Sin embargo, el adolescente continúa internado e “imposibilitado para rendir declaración ante cualquier autoridad”, transmitió esta semana la Procuraduría General de Justicia de la capital mexicana. En un principio, la investigación estaba a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero el jueves pasó a manos de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Mientras Sánchez se recupera, su familia intenta reconstruir qué pasó en esos cinco días. El lunes, el fiscal general de Ciudad de México, Edmundo Garrido, mostró en conferencia de prensa una línea de tiempo construida en base a imágenes obtenidas por 53 cámaras de seguridad. Según el fiscal, las imágenes muestran dos datos reveladores: que el joven fue liberado por los policías 11 minutos después de que lo detuvieran, y que deambuló en distintas calles y comercios durante los cuatro días que estuvo desaparecido. Sin embargo, la madre del adolescente aseguró que la persona que aparece en esas grabaciones no es su hijo.

Los familiares del joven sostienen que los policías involucrados incumplieron los protocolos de actuación al detener a Sánchez, ya que no informaron del arresto a pesar de que se trataba de un menor de edad y no lo trasladaron a las instancias correspondientes. Además, denunciaron que la detención fue “arbitraria” y que los funcionarios incurrieron en el delito de “desaparición forzada”.

La familia también asegura que los policías torturaron y drogaron al joven. “Mi hijo fue torturado y narcotizado, todavía está reponiéndose”, dijo el padre de Sánchez el domingo, en una entrevista con el diario mexicano La Jornada. En la misma entrevista, su hermana contó que una resonancia magnética mostró que, además de los golpes, Sánchez tiene el cerebro inflamado. “Le metieron una dosis muy fuerte de drogas, porque la inflamación en el cerebro no ha bajado. Al principio, cuando lo internaron, tuvo fiebre y convulsiones, todo producto de la desintoxicación, pero afortunadamente ya está mejor”, afirmó.

Los cuatro policías involucrados en la detención de Sánchez fueron imputados, informó el lunes el fiscal de Ciudad de México, quien advirtió que la investigación “no se judicializará” hasta que no declare el joven. Garrido no especificó qué delitos se les imputan, si bien rechazó que se tratara de un caso de “desaparición forzada”. En la misma línea se expresó Mancera, quien argumentó que una desaparición forzada implicaría “ocultamiento y retención” y “no una persona que deambula libre, como se observa en las cámaras”.

Pero para los abogados de Sánchez el caso es clarísimo, y por eso presentaron un recurso de amparo por el delito de desaparición forzada. Uno de los abogados, Simón Hernández, afirmó que varios estudios toxicológicos de orina y sangre ofrecieron un diagnóstico integral que “puede establecer que las afectaciones que sufre se dieron en el período en el que fue detenido y desaparecido por los policías”.

También la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que investigaba el caso como uno de “desaparición forzada” después de recibir una petición por parte de los familiares.

En el mismo sentido, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pidió a las autoridades que se investigue el caso como una “desaparición forzada, y no un secuestro”, en un mensaje en Twitter.

La semana pasada, tres de los policías implicados aseguraron ante medios mexicanos que cuando liberaron a Sánchez “no tenía ninguna lesión visible, se comportaba normal y su imagen era muy diferente a la fotografía que se difundió”. Agregaron que “en todo momento se respetaron sus derechos humanos y se cumplió con el protocolo de actuación”. Además, según los funcionarios policiales, no sabían que Sánchez era menor de edad porque “se negó a proporcionar datos” y “su aspecto físico lo hace ver más grande respecto de su edad”. El cuarto policía implicado todavía no se presentó a declarar.

La detención del estudiante generó conmoción en el país y acaparó la atención de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que el 28 de enero se reunieron en la capital para protestar.