La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela, cuyas conclusiones incluyen críticas fuertes a la situación en ese país. Para empezar, la CIDH manifiesta que el motivo para la elaboración de este informe fue el “serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años, y en especial en el 2017”. Sobre esto se ahonda a lo largo de las más de 260 páginas.
En sus conclusiones, la CIDH afirma que se observa un “progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de los derechos humanos en Venezuela”. Considera que en esta crisis tienen un papel “central las serias injerencias del Poder Ejecutivo y el Judicial en el Legislativo”, y en particular las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “contravinieron la separación de poderes”. Se refiere a las sentencias –que después fueron revertidas– por las cuales el TSJ se atribuyó potestades que le correspondían al Poder Legislativo, donde la oposición es mayoría. De esta forma, agrega, “la Asamblea Nacional, democráticamente elegida, ha sido seriamente impedida de ejercer sus funciones constitucionales por parte del TSJ”. A esta situación se suma, según la CIDH, el “cuestionado” proceso electoral por el que se estableció una Asamblea Nacional Constituyente integrada sólo por el oficialismo.
El informe concluye que existen en Venezuela “serios obstáculos para ejercer” los “derechos políticos”, y que una muestra de estos son la “destitución, inhabilitación, privación de libertad, e incluso afectaciones a la integridad y vida de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados”. Otro obstáculo es “la utilización del poder punitivo para judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a disidentes políticos”. Menciona, por ejemplo, que la Sala Constitucional del TSJ emitió 40 sentencias contra 16 alcaldes, varias de las cuales les ordenan a los opositores que impidan “reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito”.
La CIDH afirma que las protestas de la ciudadanía “han encontrado como respuesta un Estado que reprime fuertemente las manifestaciones públicas y protestas sociales, con total falta de tolerancia y respeto a los derechos humanos”. Señala que en recientes manifestaciones “cientos de militares dominaron las calles, se utilizaron armas de fuego directamente contra ciudadanos, y se permitió y alentó el involucramiento de personas civiles en los actos de represión”. El resultado, agrega, son “cientos de personas muertas, miles de detenidos arbitrariamente, denuncias de tortura y actos crueles, inhumanos y degradantes por agentes estatales; personas violadas y otras tantas sometidas injustamente a tribunales penales militares”. El informe repasa también los límites a la libertad de expresión, que incluyen “censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas”.
Además de la crisis política, la CIDH constata “una crisis socioeconómica que se ha agravado de manera alarmante en los últimos años”. Incluye la “hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica”. En este marco, los habitantes del país enfrentan “dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”.
La CIDH hace una serie de recomendaciones a Venezuela que incluyen la adopción de una legislación que garantice derechos y libertades, así como la separación de poderes del Estado, y también llama al país a revertir su decisión de retirarse de la Organización de los Estados Americanos.
El informe incorpora también la posición del gobierno de Venezuela, al que envió un borrador de este documento. La CIDH explica que el Estado venezolano respondió en diciembre que el informe “presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en el país, debido en parte a que “se privilegian excesivamente fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial” aportada por el Estado.