Esta fue una campaña electoral atípica en Costa Rica. No sólo porque se trató de la primera vez que se votaba ya sin el tradicional bipartidismo en el poder, sino porque actores emergentes subieron y bajaron en las encuestas como espuma.

De 13 candidatos a la presidencia, tres encabezaron la lista en distintos momentos, pero seis se mantenían con altas expectativas de ganar. Si ninguno de los postulantes supera el 40% de los votos válidos emitidos, dos de ellos competirán en segunda vuelta en abril.

Durante la campaña los temas discutidos fueron impuestos por coyunturas o por los medios. Como es tradicional, los medios privados imponen su agenda y poco pueden hacer los partidos políticos para mostrar sus programas, pese a que trabajaron intensamente en las redes sociales. Si bien los candidatos y partidos organizan actos, reuniones, volanteadas, charlas y otras actividades, en Costa Rica sigue siendo la televisión abierta el principal medio de información de la ciudadanía.

A finales del año pasado, el destape de un caso de corrupción que abarcó a varios gobiernos y a los tres poderes de la República condicionó la campaña para hablar de corrupción. El caso, conocido como Cementazo, que involucraba a un empresario con fuertes contactos en la Casa Presidencial e importador de cemento desde China, acaparó los titulares y bajó la popularidad del gobierno y del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Ese asunto fue capitalizado por un abogado litigante, de verbo incendiario, que decía que “encarcelaría a todos los corruptos”. De este modo, Juan Diego Castro, candidato del Partido Integración Nacional, una organización política que apenas había logrado contar con un diputado en toda su historia, lideró las encuestas en noviembre y diciembre.

En enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió una consulta realizada por el gobierno de Costa Rica sobre los derechos de las personas LGBTI y el matrimonio igualitario. Los magistrados de ese tribunal dijeron que el Estado de Costa Rica (así como los de todos los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos) debía garantizar los derechos de las parejas integradas por personas de un mismo sexo, del mismo modo que a cualquier otra familia. Esa opinión, vinculante para Costa Rica, deberá reglamentarse a futuro, pero en lo inmediato incidió en la campaña electoral.

En relación con este asunto, quien dio un salto hacia el tope de las encuestas fue el actual diputado y candidato a la presidencia Fabricio Alvarado, creyente evangélico y cantante de música religiosa, del Partido Restauración Nacional (PRN). Su intención de voto saltó en las encuestas de 3% a 20%, habiendo capitalizado la opinión contraria al fallo de una mayoría conservadora en la población costarricense.

El repunte de Fabricio Alvarado dio pie a que la población de inclinación progresista se volcara a mostrar su apoyo al oficialista Carlos Alvarado, del PAC, que había sido ministro de Trabajo en el actual gobierno.

Con este panorama, en la última semana de la campaña electoral los sondeos de la Universidad de Costa Rica mostraban 36% de indecisión, además del 30% de abstencionismo tradicional en el país.

Aunque los observadores internacionales no han visto irregularidades en el proceso, algunos partidos les han manifestado su preocupación por el sistema de financiamiento de los actores políticos. El candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya, dijo al jefe de la misión de la Organización de los Estados Americanos, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, que debe revisarse la forma en que se brinda la información a la población sobre los partidos políticos. “El mecanismo del financiamiento de los partidos políticos es injusto, debe revisarse para que haya igualdad en el acceso a recursos y para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información libremente”, dijo Araya.

En conferencia de prensa, Pastrana contestó a la diaria que a los medios privados no se les puede imponer a qué candidatos entrevistan o invitan y que esa es tarea de los medios públicos.

En Costa Rica los partidos reciben un financiamiento público posterior a la elección. Por eso, para su funcionamiento en la campaña electoral, las organizaciones políticas deben pedir préstamos a bancos públicos o privados, y estas instituciones financieras otorgan crédito según las encuestas de opinión. Lo mismo sucede en los medios de comunicación privados que invitan o cubren las actividades de los partidos políticos que se encuentren en los primeros lugares en las encuestas.

La incertidumbre fue la regla en cada momento en la campaña y se mantuvo hasta ayer. Los ciudadanos fueron a votar, pero con dudas. Se decidirían, decían, frente a las urnas. Es el caso de Karla Mesén, una votante de la capital que ayer todavía tenía dudas pero que ejercería su derecho a elegir. “Tenemos que votar, es un derecho y hay que aprovecharlo. Tengo algunas opciones, me decidiré allí adentro”, dijo a la diaria frente al centro de votación.

Otro costarricense, José Carlos Sojo, votaría por primera vez. “Ya tengo decidido mi voto. Mi motivación es detener el auge del conservadurismo, porque he visto muy peligroso el aumento de las voces de odio”, contestó al ser consultado por la diaria. Por su parte, Héctor Rojas no estaba decidido. “Muchos partidos están llenos de corrupción. No podemos dejar que se mantengan en el poder”, dijo frustrado. “No tengo opción”, apuntó.

Sin embargo, permanecer unos minutos frente a un centro de votación puede dar una idea de la organización partidaria. La cantidad de vehículos pagados por los partidos, así como los toldos frente a las escuelas, son un dato sobre la fortaleza territorial de los partidos.

En el caso de la escuela República de Venezuela, en Escazú, se veía fuerte a Liberación Nacional, un partido de derecha que fue hegemónico desde los años 80 hasta la primera década de este siglo, y al emergente PRN, que toma su fortaleza de las iglesias evangélicas y pentecostales.

En este proceso electoral se definirían los cargos de presidente y vicepresidentes, así como la totalidad de la unicameral Asamblea Legislativa, de 57 bancas. Al cierre de esta edición aún no se conocían los resultados preliminares oficiales. El Tribunal Supremo de Elecciones costarricense realizará un segundo conteo manual de las papeletas a partir de mañana para declarar un ganador.