La portada de las páginas web de los diarios ecuatorianos era dominada ayer por dos temas: la consulta popular del domingo, que determinará si se mantienen o derogan algunas de las reformas impulsadas por el gobierno anterior, y la noticia de que la Fiscalía General citó, para el lunes, a Rafael Correa para tomarle testimonio, como testigo, en la investigación de un presunto caso de corrupción. Correa no es sólo el ex presidente, sino también el líder de la campaña por el No en la votación del domingo.
Las investigaciones del Ministerio Público de Ecuador sobre quienes fueron jerarcas del anterior gobierno comenzaron poco después de que Lenín Moreno asumiera la presidencia, a la que fue electo como un continuador de las políticas de Correa. Afectan a varias personalidades del “correísmo”, entre ellos al vicepresidente Jorge Glas, quien fue separado del cargo después de que fuera condenado por un caso de corrupción.
Ahora aparece el nombre de Correa, aunque citado como testigo. El Ministerio Público quiere consultarlo en el marco de la investigación preliminar conocida como “caso Petrochina”, que busca determinar si hubo perjuicio al Estado en la venta anticipada de petróleo a China. Algunos empresarios y políticos han denunciado que Ecuador perdió 2.200 millones de dólares al vender a China y Tailandia petróleo “a futuro”, comprometiéndolo a un precio inferior al que tendría el crudo en el momento en el que se concretó la venta. Además, según estas denuncias hechas en los medios de comunicación, algunos ex jerarcas recibieron dinero por esa venta anticipada. Correa no figura entre los mencionados.
La investigación del Ministerio Público es preliminar y reservada, por lo que todavía no se tradujo en una acusación ni se han dado a conocer los avances en el proceso.
Pero antes de preocuparse por su comparecencia ante el Ministerio Público el lunes, Correa está concentrado en la campaña por el No en la consulta popular del domingo, en la que serán sometidas al escrutinio de los ecuatorianos algunas de las principales reformas de su gobierno. La campaña, que cierra esta noche, se enmarca en la división entre el gobierno de Moreno y los “morenistas” con los “correístas”, que ven cuestionado su legado político por quien fue electo como un delfín político del ex presidente y luego se alió con lo que antes era la oposición para cuestionarlo.
Ayer Moreno participó en un acto de campaña en el que defendió el voto por el Sí en las siete preguntas planteadas por la consulta popular, lo que llevaría a la derogación de siete reformas correístas. Por su parte, el ex presidente asistió a una entrevista con la radio Magia, en Quinindé, en el noroeste del país. Mientras estaba dentro de las instalaciones de la radio, un grupo de personas atacó la camioneta que lo trasladaba: le tiraron basura y le grafitearon la palabra Sí. Los manifestantes lo esperaron afuera, demorando la salida de Correa durante casi cinco horas y recibiéndolo con cánticos en su contra. Varios actos de la campaña de Correa han sido marcados por lanzamiento de huevos, enfrentamientos verbales y hasta agresiones físicas. No está claro quién está detrás de estas acciones.
El cambio en el equilibrio de fuerzas en Ecuador se hizo claro no sólo en la campaña previa a la consulta del domingo sino también en otras situaciones, como el caso de Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, responsable máximo de la aplicación de la ley de medios ecuatoriana, que ha sido cuestionado por la oposición y los medios de comunicación tradicionales. Ayer se anunció que se reunieron las firmas suficientes en la Asamblea Nacional para iniciar un juicio político en contra de Ochoa, que probablemente se traduzca en su destitución. El inicio del proceso fue respaldado por 50 firmas de la oposición y tres de los “morenistas”. Uno de ellos, Jorge Yunda, dijo que apoyó la iniciativa porque Ochoa, “ha faltado a muchos reglamentos y normas constitucionales en el ejercicio de sus funciones”. La opositora Lourdes Cuesta celebró que con el juicio político comience “el camino a la libertad de expresión”, tras considerar que Ochoa permitió que la Superintendencia de Comunicación atropellara las libertades de los medios de comunicación.