La Cámara de Senadores de Brasil debatía anoche el decreto emitido por el gobierno de Michel Temer, que dispone la intervención del gobierno de Río de Janeiro, en particular de sus fuerzas de seguridad, a las que subordina al Ejército. El texto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y hubo propuestas para modificarlo, entre otras cosas, para garantizar que los eventuales abusos cometidos por los soldados sean juzgados por la justicia militar y no por la civil.

La votación que obtuvo el decreto en la cámara baja es otro reflejo claro de lo que se anunció después de las elecciones de 2014: el actual Congreso es el más conservador desde el regreso de la democracia. Respaldaron la intervención militar en Río de Janeiro 340 diputados, votaron en contra sólo 72 –todos representantes de la oposición– y hubo una abstención. A partir de las 18.00 de ayer se votaba el mismo texto en el Senado, donde también se esperaba que fuera aprobado.

El diario O Estado de São Paulo hizo un relevamiento entre diputados y senadores e informó que el cambio de agenda impuesto por Temer, que ahora prioriza la seguridad, ya tuvo un impacto en ambas cámaras, donde se verá un aumento de las iniciativas vinculadas con este tema. Este tipo de propuesta, además, suele reunir el respaldo de la opinión pública. Una de las iniciativas que serán presentadas en las próximas semanas implica un aumento de las penas para el microtráfico de drogas y armas.

El decreto sobre la intervención en Río fue presentado en la cámara baja por la diputada del Partido del Movimiento Democrático Brasileño Laura Carneiro, correligionaria de Temer. Mientras lo hacía, incluyó algunas sugerencias de modificación que el Congreso no puede aplicar porque en este tipo de casos está limitado a aprobar o rechazar el texto. Además de pedir que se apruebe un presupuesto especial para la misión del Ejército, sus principales pedidos apuntaron a que se atribuya a los militares funciones policiales (una posibilidad que había rechazado el gobierno porque se considera que aumenta el riesgo de que se cometan abusos), y que se garantice que los integrantes del Ejército serán juzgados por la justicia militar y no por la justicia ordinaria si cometen irregularidades.

Este último punto ha sido uno de los que más críticas contra el gobierno generaron, porque es la mayor evidencia de que los militares podrán actuar sin ningún tipo de control civil, ni siquiera en el terreno judicial. Una de esas críticas fue difundida en un comunicado emitido ayer por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, una entidad compuesta por 11 representantes del Estado y 11 de la sociedad civil, y que depende del Ministerio de Derechos Humanos, cuya titular, Luislinda Valois, presentó su renuncia el lunes sin que se conocieran los motivos. La funcionaria será sustituida por el subjefe de Asuntos Jurídicos de Presidencia, Gustavo do Vale Rocha, que mantendrá ambos cargos. En el texto, el consejo define a la justicia militar como “corporativa” y “sin autonomía en relación con la jerarquía de las Fuerzas Armadas”, por lo que la considera inadecuada para “procesar los crímenes graves cometidos por militares contra civiles”.

Al parecer, la discusión acerca de si estos casos deben ser tratados por la justicia civil o la militar no tendrá consecuencias, porque una ley aprobada por el Congreso el año pasado ya establece que los delitos cometidos por soldados en el marco de la seguridad interna serán juzgados por la justicia militar. La norma modifica el Código Penal Militar para que sean juzgados por la justicia militar los soldados que estén en servicio en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden –bajo la orden de las autoridades locales– o en cualquier intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna aprobada por el gobierno de Brasil. Esta modificación implicó que se le retiraran atribuciones a la justicia civil, que hasta ese momento juzgaba los delitos graves cometidos por militares contra civiles.

Más rechazos

La intervención de los militares genera suspicacias incluso en el Ejército. Su comandante en jefe, el general Eduardo Villas Boas, ya dijo en junio, en una comisión parlamentaria, después de que Temer autorizara las primeras intervenciones del Ejército en Río, que la participación de la fuerza que dirige en la seguridad pública es “desgastante, peligrosa” y no es efectiva, y sugirió que el tema debería ser enfocado de otra manera. Contó, después, que mientras acompañaba a las tropas en sus actuaciones en Río de Janeiro se dio cuenta de que los soldados avanzaban “atentos, preocupados, armados”, y a su lado “pasaban niños y señoras”, por lo que concluyó: “Estamos apuntando con armas a la población brasileña, estamos en una sociedad enferma”.

Después de la aprobación del decreto, el viernes, Villas Boas apenas disimuló su molestia en su cuenta de Twitter. Dijo que se había reunido con el interventor de Río de Janeiro, el general Walter Souza Braga Netto, y que habían concluido que la misión que se le había adjudicado implica que responde directamente al presidente, mientras que el Ejército “continuará cumpliendo con sus misiones” en Río como hasta ahora. De esta forma, Villas Boas sugirió que las acciones de Braga quedarán por fuera de la órbita de la fuerza que él comanda. En otro tuit, consideró que “los desafíos que enfrenta el estado de Río de Janeiro superan el enfoque de seguridad pública, y alcanzan aspectos financieros, sociales, de gestión y de comportamiento”, en lo que pareció ser una crítica al enfoque aplicado por Temer.

En su comunicado, el Consejo Nacional de Derechos Humanos manifestó que la intervención plantea “un régimen de excepción en tiempos de paz” que “concede a los militares una especie de ‘licencia para matar’” y legitima una “ideología de guerra”.

Como dándole la razón al consejo, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, brindó una entrevista ayer en la que se refirió a la situación de Río de Janeiro como la de una “guerra moderna” en la que “el enemigo no tiene línea de comando”. Consultado acerca de la posible muerte de civiles, Jardim respondió: “En algún momento, lamentablemente, va a morir gente. No hay guerra que no sea letal”.

En su comunicado, el Consejo Nacional de Derechos Humanos denuncia que “la actuación de las Fuerzas Armadas está históricamente marcada por el aumento en las violaciones de los derechos humanos, porque opera la lógica de ‘combate al enemigo’, según la cual la población negra, joven y que vive en favelas y periferias es la que debe ser ‘combatida’”.

Haciendo una denuncia similar a la del consejo, el lunes se publicó un video que hicieron tres youtubers negros, dirigido a negros, en el que se propone una serie de consejos sobre cómo actuar en caso de abordaje por parte de policías y militares. “Estamos haciendo esto porque, lamentablemente, nosotros los negros somos siempre objetivo de abusos”, dicen en el video, en el que se aconseja que se evite el uso en público de elementos que puedan asemejarse a un arma,como un paraguas o un taladro, que no se hagan movimientos bruscos ante la presencia policial o militar y que se tenga el celular con suficiente batería todo el tiempo para grabar una eventual detención.