En setiembre de 2017 los Carabineros detuvieron a ocho mapuches en el sur de Chile, todos ellos líderes en sus comunidades, acusándolos de ser los autores de una serie de ataques con explosivos en los meses anteriores que habían tenido como objetivo camiones, templos religiosos y haciendas privadas. Este es un recurso que suelen utilizar los mapuches para protestar contra la ocupación de sus tierras ancestrales y, de acuerdo a la legislación chilena, son considerados actos terroristas.
La investigación se conoció como “Operación Huracán” y duró varios meses. Buscaba no sólo encontrar a los autores de estos atentados puntuales, sino sobre todo desarmar una red de mapuches “radicales” que, según los Carabineros, estaban causando un aumento de la violencia en el sur de Chile. Una prueba clave presentada por los Carabineros fue una serie de mensajes supuestamente intercambiados por estos líderes mediante sus celulares, aunque no se especificó por qué plataforma. Concretadas las detenciones, el caso fue enviado por los Carabineros a la Fiscalía chilena, que hizo su propia investigación.
La Fiscalía de La Araucanía emitió la semana pasada un informe en el que reveló que los mensajes intercambiados no pueden haber sido prueba para las detenciones porque fueron enviados después de que estas fueran concretadas, y concluyó que habían sido plantados y que se trató de una manipulación de pruebas, por lo que presentó una acusación contra Carabineros. Como consecuencia, anunció el cierre del caso.
La institución policial se defendió mediante una conferencia de prensa del general Gonzalo Blu, jefe de la Dirección de Inteligencia de la institución. “Nuestra investigación fue y está amparada en la legislación vigente”, aseguró, para luego criticar que “una investigación de ocho meses se pretenda cerrar con otra de tres semanas”. La portavoz de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, también se refirió a la gravedad de la situación pero, en lo que pareció un gesto hacia Carabineros, señaló que “es perfectamente posible” que la investigación se reabra si hay nuevas pruebas. Por su parte, el gobierno ordenó una investigación interna en Carabineros a concluirse lo más rápido posible, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, advirtió que si se comprueban las acusaciones “el costo institucional será muy alto”.
La tensión entre Carabineros y la Fiscalía fue notoria no sólo en el intercambio de declaraciones, sino también el viernes: durante el allanamiento de las oficinas policiales, los Carabineros situaron cerca del lugar un camión lanzaagua y otro lanzagases, así como un ómnibus que tenía a bordo personal antimotines.
Dos días después de que se acusara de manipulación de pruebas a la institución que dirige, el jefe de Carabineros viajó a Miami a unas vacaciones que tenía previstas con antelación y que terminaban el 26 de febrero. El Ejecutivo le ordenó el lunes que regresara al país, algo que hizo ayer, para reunirse pocas horas después con Bachelet. En la previa se especulaba con la posibilidad de que fuera destituido, pero no hubo ningún anuncio en ese sentido después de la reunión.
Después del encuentro, Bachelet se refirió a las acusaciones y a la crisis generada entre ambas instituciones, a la que consideró “extraordinariamente grave”: “Se ha visto una disputa entre instituciones que siempre tienen que trabajar juntas”, dijo. La presidenta dijo que es urgente que se haga un peritaje para determinar si existió la manipulación de pruebas, y que este debería ser “independiente”.
Por su parte, Villalobos –después de reunirse con Bachelet y con el ministro del Interior, Mario Fernández, por separado– dijo que es necesario buscar la “verdad judicial” sobre lo sucedido para después tomar “las medidas que sean del caso”.
En el ínterin uno de los detenidos, Héctor Llaitul, líder del grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco, anunció que denunciará la manipulación de pruebas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lleva adelante un proceso contra el Estado chileno a instancias de una denuncia de líderes mapuches. “Nosotros siempre sostuvimos que era un montaje policial, pero no teníamos cómo probarlo”, dijo Llaitul al diario La Tercera. Tanto Llaitul como los otros siete acusados en el caso fueron liberados en octubre.