Empezó sin demasiado ruido con la liberación del ex vicepresidente Amado Boudou y el empresario Cristóbal López en las últimas semanas, y se intensificó este sábado con la salida de prisión del dirigente Luis D’Elía y el ex secretario legal y técnico de la presidencia Carlos Zannini. Dirigentes y empresarios cercanos al kirchnerismo empezaron a ser liberados por una serie de fallos judiciales que no implican retrocesos en las causas de fondo, pero sí indignan a quienes los creen culpables. Incluido el gobierno, que ya adoptó medidas que, según sus críticos, buscan disciplinar a los jueces para que estas salidas no continúen.

Después de que asumió el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, la Justicia argentina empezó a acelerar las causas contra los jerarcas del anterior Ejecutivo, el de Cristina Fernández, tanto las vinculadas a denuncias viejas como a otras nuevas. Procesamientos y prisiones preventivas empezaron a ser dictadas rápidamente. Los principales medios de Argentina se encargaron de darles nombre a las causas: “la ruta del dinero K”, “el encubrimiento del atentado de la AMIA”, “dólar a futuro”. Desde el ex dirigente piquetero D’Elía hasta la ex presidenta argentina fueron procesados, y las prisiones preventivas se sucedieron: el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex ministro de Planificación Julio de Vido. También Boudou, López, D’Elía y Zannini están en una lista que se amplió, sobre todo en el segundo semestre del año pasado. Incluso se dictó una orden de prisión preventiva contra Fernández, que no llegó a ejecutarse porque la protegen sus fueros de senadora.

Los editoriales de los medios destacaban la actuación judicial y Macri decía que se alegraba de que los jueces entendieran que había acabado “la era de la impunidad”. Por su parte, los detenidos y procesados aseguraban que eran víctimas de una persecución política por la que responsabilizaban al gobierno.

Algunos analistas fueron más cautos y advirtieron que lo importante no eran las prisiones preventivas, sino que avanzaran las investigaciones de fondo para que se emitieran condenas, al menos en tribunales de primera instancia. En particular, juristas y periodistas especializados en temas judiciales apuntaron a la debilidad de lo que se conoce como la “doctrina Irurzun”, en referencia al juez Martín Irurzun, que preside un tribunal de apelaciones. En uno de sus fallos, Irurzun consideró que De Vido debía ir a prisión preventiva porque podía obstruir las investigaciones debido a las relaciones que construyó mientras estaba en el poder. Esta fue la doctrina que se utilizó para la prisión preventiva de Boudou, López, Zannini y D’Elía. Ninguno de los cuatro tiene condenas en su contra en las causas por las que estuvieron en prisión preventiva, que no tuvieron grandes avances en los últimos meses.

Afuera

En los cuatro dictámenes de prisión preventiva se menciona la doctrina Irurzun. Esta fue, justamente, el centro de las críticas de los abogados defensores, que argumentaron que, en todo caso, los vínculos generados se establecieron con personas que ya no ocupan posiciones de poder debido al cambio de gobierno de 2015.

En la última tanda de liberaciones, las de D’Elía y Zannini este sábado, incluso la fiscal secundó esas críticas. Gabriela Baigun se pronunció a favor de la excarcelación de ambos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, que ordenó las liberaciones inmediatas en la madrugada del sábado. Baigun fue consultada por decenas de medios de comunicación argentinos y, entre otras cosas, consideró que en estos casos no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, subrayó que “toda persona tiene que vivir el proceso en libertad, salvo casos excepcionales”, y citó la Constitución y los pactos internacionales firmados por Argentina. “Es el abecé de los tribunales, lo fue siempre”, dijo al canal Todo Noticias, antes de agregar: “Todos lo viven como si fuera la liberación de gente que necesariamente va a ser absuelta porque está libre, ¡y no! Están libres porque los procesos se viven en libertad”.

Muy cuestionada, Baigun llegó a recordar que fue ella quien pidió que D’Elía fuera condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por la ocupación de una comisaría en el barrio de La Boca en 2004. El dirigente fue condenado por ese caso, pero, tal como suele suceder en Argentina, empezará a cumplir la condena sólo si un tribunal de apelaciones la ratifica.

Al ser liberado, D’Elía dijo que la fiscal “es realmente una mujer independiente que obró de acuerdo a su conciencia” en este caso. Visiblemente emocionado, el sábado, afirmó que él fue un preso político “por decisión de Mauricio Macri” y que la causa en su contra “es una farsa”. También pidió que “ningún argentino se quede en su casa” y que todos participaran ese día en el multitudinario acto que conmemoró el 42º aniversario del golpe de Estado.

A su salida, Zannini también apuntó directamente contra el gobierno. “Estuve preso por voluntad de los que gobiernan y mandan, y por temor de algunos jueces”, afirmó quien fuera candidato a vicepresidente en las últimas elecciones. Dijo que la causa derivada de la denuncia del fiscal Alberto Nisman acerca de encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA “está inventada” y tiene “como único objetivo perjudicar a Cristina”.

Fernández también conoció una decisión que podría beneficiarla. Se trata de un dictamen de la Corte Suprema que, la semana pasada, inhabilitó el Tribunal Oral Federal Nº 9, que se encargaría de juzgar varias de las causas que investigan denuncias de corrupción en su gobierno. Se trata de un revés para el Ejecutivo de Macri, que en 2016 impulsó, mediante una ley, la transformación de cinco tribunales criminales en federales, responsables de los casos de corrupción, como una forma de fortalecer la lucha contra este tipo de delitos. La Corte Suprema concluyó que estos cinco tribunales federales, entre ellos el Nº 9, no fueron conformados con los sorteos correspondientes. Esta decisión retrasa la integración de estos nuevos tribunales y, por lo tanto, los procesos que tienen que juzgar.

Tendencias

Estas decisiones judiciales pueden estar anticipando la caída de la doctrina Irurzun, que fue la que, originalmente, permitió la detención de De Vido e incluso de Báez, cuya prisión preventiva se dispuso por dos años, que se cumplen el 18 de abril.

El oficialismo ya reaccionó ante estas primeras medidas, que fueron criticadas por varios de sus diputados, senadores e incluso jerarcas del Ejecutivo. La más destacada fue, como en otras oportunidades, la diputada Elisa Carrió, que aseguró en Twitter que hay en marcha un “operativo para liberar a De Vido”. Además, con el aval del gobierno, Carrió presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura, que supervisa la actuación de los jueces, para que investigue el crecimiento del patrimonio de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, dos integrantes de la Cámara Federal que ordenó la liberación de López. Además, la Corte Suprema pidió que se investigue si hubo “alguna irregularidad” en la integración del tribunal que tomó esa decisión. Después de esos anuncios, el ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió que se les diera “entidad” a estas sospechas, aunque evitó emitir un juicio.

Otra medida del gobierno fue el anuncio de Macri de que propondrá a Inés Weinberg de Roca, una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, como nueva procuradora general. El diario La Nación informó ayer que, además, después de la Semana de Turismo el oficialismo utilizará operadores y personas cercanas para impulsar denuncias contra jueces que considera “permisivos”, y el Ejecutivo impulsará una reforma judicial que incluya la creación de más tribunales federales para acelerar el tratamiento de los casos de corrupción y nombrar a nuevos jueces.