El gobierno y la oposición difirieron ayer en su interpretación del impacto que tendrá en la Ley de Educación Superior la decisión que el Tribunal Constitucional (TC) adoptó ayer, al declarar inconstitucional el artículo 63 de esa norma. En ese artículo, se prohíbe que las instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro estén bajo control de instituciones o personas con fines de lucro. Después de dos semanas de debate, el TC consideró que esta prohibición vulneraría la igualdad ante la ley y la libertad de enseñanza. El fallo completo, con toda la argumentación, se conocerá recién el 26 de abril.
El ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, dijo que este fallo “no altera la esencia” de la legislación que prohíbe el lucro. “La ley prohíbe tajantemente la posibilidad de lucro en las universidades y el fallo que se ha dado a conocer no altera en nada esa situación. Cualquier universidad que busque lucrar con la educación será sancionada”, dijo al diario El Mercurio. En la misma línea se pronunciaron diputados y senadores de la coalición oficialista Chile Vamos, de derecha.
Sin embargo, integrantes del anterior gobierno, de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría, así como representantes de la actual oposición y del movimiento estudiantil consideraron que esta decisión del TC implica la caída de la prohibición del lucro en la educación superior. Mediante Twitter, la ex presidenta Michelle Bachelet dijo que el fallo “contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso” y “distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior”.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter advirtió: “Con este fallo se va a permitir que los privados sigan lucrando con nuestros derechos”. Uno de sus correligionarios, Giorgio Jackson, dijo estar “bastante decepcionado” por la decisión y llegó a considerar que “ya no tiene ningún sentido legislar”. Esto último tiene que ver con una crítica de fondo que hacen al TC el Frente Amplio y Nueva Mayoría, que consideran que el órgano judicial se ha convertido en una “tercera cámara”, dominada por jueces conservadores que están utilizando sus posiciones para legislar.
También reaccionaron los movimientos estudiantiles, que se manifestaron ante el TC ayer de mañana, mientras se debatía la constitucionalidad de la Ley de Educación Superior. “No queremos más lucro en la educación, queremos la educación como un derecho y que el TC no decida de espaldas a la ciudadanía”, dijo durante esa movilización Rodrigo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mohor, consideró que el fallo implica “que el TC pasa por sobre los espacios democráticamente electos para definir los proyectos de ley”.
Al ser consultados por los medios sobre los pasos a seguir, tanto Rivera como Mohor dijeron que abril será un mes con muchas movilizaciones para repudiar esta decisión del TC y rechazar cualquier intento de retroceso en los derechos garantizados por las reformas del gobierno anterior. En la misma línea se pronunció la portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, Valeria Verdejo: “En abril vamos a tener conversaciones con actores de la educación, para movilizarnos y conquistar este derecho” a la educación gratuita.