El juez chileno Mario Carroza estudia un pedido que presentaron 70 presos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su abogado, Raúl Meza, solicitó que cumplan sus condenas en prisión domiciliaria por razones de “carácter humanitario”.

En respuesta, el juez pidió que los ex represores sean sometidos a exámenes médicos, según informó el diario chileno La Tercera. Recién cuando finalicen esos estudios, Carroza podrá tomar una decisión sobre el futuro de los 70 hombres que se encuentran recluidos en el penal especial de Punta Peuco.

Meza adelantó que si su solicitud es rechazada, sus defendidos acudirán directamente al presidente, Sebastián Piñera, en busca de un indulto. El abogado insistió en que se trata de presos mayores de 70 años y pidió que se les aplique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, firmada en 2017 por la entonces presidenta del país Michelle Bachelet.

Además, Meza detalló que entre los internos hay 15 que tienen enfermedades terminales, seis de ellos hospitalizados en su etapa final. También aseguró que 80% de esos presos sufre enfermedades crónicas como diabetes aguda, demencia senil, alzheimer o hipertensión arterial.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, advirtió que el gobierno tendrá una postura “restrictiva” con respecto a la entrega de indultos y advirtió que serán “decisiones muy excepcionales que se contarán con los dedos de las manos”. Su explicación fue confusa. “Si se trata de una persona que ha perdido la razón y no se puede desenvolver por sí sola, porque no es autovalente, uno puede pensar, independientemente del delito que haya cometido, en que por consideraciones de dignidad humana le puede dar un indulto”, dijo el ministro antes de matizar que, de todas formas, “las personas tienen que cumplir las sentencias por las cuales han sido condenadas”.

En la misma línea, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo el sábado a periodistas que se va a estudiar “cada caso en particular sin favorecer y sin perjudicar a nadie, siguiendo un camino objetivo que atienda las situaciones particulares y personales”.

El presidente del Senado chileno, el opositor Carlos Montes (del Partido Socialista), dijo a La Tercera que no será fácil conmutar penas de personas que “han asesinado y cometido barbaridades como las que se efectuaron”. En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó a Meza de “banalizar” un tema “tan importante” porque “sabe que es una soberana estupidez pedir el arresto domiciliario para 70 reos”. “No tiene ningún respeto”, concluyó.