“Exigimos justicia; Berta vive”, se leía en una de las pancartas de los manifestantes que el sábado se aglutinaron en las puertas del juzgado donde se estaba desarrollando la primera audiencia de Castillo, en la que se le decretó “detención judicial”, informó el Poder Judicial de Honduras en Twitter.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida ordenó su arresto por considerarlo el encargado de facilitar los recursos logísticos y de otros tipos a uno de los autores materiales del asesinato de Cáceres. El empresario fue detenido el viernes en un aeropuerto de San Pedro Sula, cuando al parecer pretendía salir del país.

La ambientalista fue asesinada a tiros el 3 de marzo de 2016 en su casa, en la ciudad de La Esperanza. Tenía 43 años. Su asesinato tuvo lugar cuando Castillo era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), a cargo del proyecto Agua Zarca, y pese a que Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

El camino de lucha que terminó en su asesinato comenzó en 2009, cuando el gobierno hondureño otorgó a la empresa de Castillo la concesión por 20 años del río Gualcarque, considerado sagrado para la comunidad lenca, la mayor etnia indígena del país. Cáceres, que presidía el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), plantó su firme oposición y desde entonces lideró protestas masivas en contra del proyecto y llegó a presentar 33 denuncias ante el Ministerio Público. La presión de la ambientalista –que tuvo sus ecos internacionales en 2015, cuando Cáceres obtuvo el premio medioambiental Goldman– logró finalmente que la empresa paralizara el millonario proyecto. La familia esgrime que esta es una de las razones que habrían llevado a Castillo a ordenar el asesinato de la líder indígena.

El fin de semana, DESA negó una vez más estar involucrada en el crimen y aseguró que Castillo es “inocente”. Según consideró en un comunicado, la decisión de detener a su presidente ejecutivo “se desprende de presiones internacionales y campañas de desprestigio de diversas organizaciones civiles hacia la empresa”.

Pero Castillo no es el único responsable de DESA que fue detenido. Entre los nueve implicados en el asesinato de Cáceres también se encuentra el ex gerente ambiental de la empresa Sergio Rodríguez y quien fue jefe de seguridad entre 2013 y 2015, el ex militar Douglas Bustillo. En calidad de autores materiales, están encarcelados el mayor del Ejército Mariano Díaz, los hermanos Edilson y Eusebio Duarte, Henry Javier Hernández, Óscar Aroldo Torres y el supuesto sicario Elvin Rápalo.

Unas horas antes de que Castillo fuera capturado, familiares de Cáceres, amigos y representantes de organismos ambientalistas y de derechos humanos protestaron frente al Ministerio Público en Tegucigalpa para exigir justicia. En particular, los manifestantes reclamaron el arresto de más autores intelectuales. “Los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres son los empresarios que están en la nómina de propietarios de la empresa DESA, pero contra los que no se ha actuado por sus influencias”, dijo Salvador Zúniga, dirigente del Copinh, a periodistas hondureños.

En la misma línea, la madre de Cáceres, Austra Flores, dijo el sábado que la familia está satisfecha por la captura de quien sería el autor intelectual del asesinato de su hija, pero advirtió que todavía quedan “peces grandes” por atrapar. Sus declaraciones tuvieron lugar en un acto organizado por familiares de Cáceres y el Copinh en La Esperanza, para recordar a la ambientalista en el segundo aniversario de su muerte.

Ese día, el gobierno de Honduras, mediante un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, exhortó al Ministerio Público a “continuar las investigaciones de manera exhaustiva” de los asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientalistas. “El 3 de marzo es un día triste en la historia de Honduras, pero a la vez nos hace recordar con respeto la lucha por la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de la huella indeleble que dejó marcada en la sociedad, con la vida y trágica muerte de Berta Isabel Cáceres Flores”, agrega el texto oficial.

También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras reiteró el sábado “la urgencia de profundizar” en la investigación sobre la muerte de Cáceres para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen. El organismo destacó en un comunicado “la responsabilidad” del Estado de Honduras de investigar este caso con la “debida diligencia”, de manera “expedita, independiente, pronta y exhaustiva”.

En tanto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras afirmó que la detención de Castillo obedece a “la lucha y la exigencia de justicia del pueblo lenca y los pueblos del mundo, y no a una dádiva” del gobierno “asesino y violador de derechos”.