El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció ayer que retiraba a su país de la Corte Penal Internacional (CPI). Este organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció en febrero que empezaría una investigación preliminar sobre los asesinatos extrajudiciales cometidos en el marco de la “guerra contra las drogas” promovida por Duterte, que ya causó más de 7.000 muertes.
“Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma”, afirma el comunicado que el gobierno emitió ayer, en el que se refiere al tratado internacional al que los países se adhirieron para darle jurisprudencia a la CPI. De ese tratado ya se retiraron varios firmantes, entre ellos Rusia, que no había ratificado su adhesión, y también varios países de África, que acusaron a la CPI de enfocarse exclusivamente en problemas de ese continente.
El gobierno filipino argumenta que al pretender investigar un asunto interno de su país la CPI está intentando violar su soberanía y arrebatarles sus competencias a los tribunales judiciales nacionales. “Parece que hay un esfuerzo concertado de los relatores especiales de la ONU para dibujarme como un cruel y despiadado violador de los derechos humanos que supuestamente ha ordenado miles de ejecuciones extrajudiciales”, dice Duterte en el comunicado.
La salida de un país del Estatuto de Roma se efectiviza un año después de que la notificación de renuncia sea recibida por la ONU. Aunque el país no sea miembro de la CPI puede ser investigado y juzgado, pero no forzado a cumplir con la pena que le sea impuesta.