El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) completó ayer su último trámite con respecto a la causa contra el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. El órgano rechazó todos los recursos presentados por la defensa, a excepción de uno de ellos, que pedía que en el fallo se arreglara un error: que a veces la constructora OAS es denominada “OAS Emprendimientos”. Los otros 58 recursos, que pedían correcciones similares y otras de fondo, fueron rechazados.

Esto implica que el ex presidente fue, ahora sí, condenado por un tribunal de segunda instancia. En condiciones normales, podría ser emitida una orden de arresto en su contra por parte del juez Sérgio Moro, que fue quien lo condenó en primera instancia. En este caso, esto no era posible ayer porque el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aceptó tramitar un hábeas corpus que presentó la defensa de Lula, un recurso en el que pide que el ex presidente no sea encarcelado hasta que la condena (que el TRF aumentó a 12 años de prisión) sea ratificada en los mayores órganos judiciales de Brasil. El jueves, el STF suspendió la sesión y no llegó a tratar el hábeas corpus, por lo que ordenó que cualquier orden de detención que se disponga contra Lula sea congelada hasta que emita su fallo por este recurso. Esto sucederá en la sesión el miércoles 4 de abril, y si el fallo es contrario al hábeas corpus, Lula podría ser detenido ese mismo día.

El hecho de que Lula haya sido condenado por un tribunal colegiado implica que entra en el terreno de la Ley Ficha Limpia, que él mismo aprobó durante su primer gobierno. Esta norma establece que los condenados por abuso de poder económico o político, como el delito de corrupción que se le imputó a Lula, no podrán participar en elecciones durante ocho años a partir de la fecha de condena. La norma se aplica una vez que se inscribe la candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral, algo que puede hacerse hasta el 15 de agosto.

El Tribunal Supremo Electoral es presidido actualmente por el juez del STF Luis Fux, quien al asumir en febrero el cargo, que es rotativo, dijo que hará una aplicación rigurosa de la Ley Ficha Limpia y que va a revisar el hecho de que políticos condenados por tribunales de segunda instancia puedan participar gracias a medidas provisorias de esos tribunales o de otros superiores. Fux dejará la presidencia del órgano el 14 de agosto, un día antes de que cierre el plazo de inscripciones de candidaturas, cuya habilitación será considerada entre el 15 de agosto y el 17 de setiembre, cuando la presidencia esté en manos de Rosa Weber.