La comisión investigadora parlamentaria de la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 a la fecha se reunió ayer para seguir estudiando las irregularidades detectadas en los hospitales de Rivera y de Soriano. Los diputados Martín Lema (Partido Nacional) y Eduardo Rubio (Unidad Popular) explicaron a la diaria que funcionarias del hospital de Rivera –la licenciada en enfermería Inés Támara, la laboratorista Tamara Nasser, la enfermera Patricia Pereira y la instrumentista Graciela Oneto– abundaron sobre irregularidades que ya había identificado el Directorio de ASSE y que terminaron con la separación de la dirección de Andrés Toriani, en agosto de 2017.

Según los diputados, las funcionarias entregaron documentos que atestiguan el “ocultamiento de camas de CTI disponibles” para evitar la eventual contratación de camas a privados si hacían falta más, y así presentar buenos resultados económicos de la gestión de Toriani. Según Rubio, las funcionarias demostraron que las contrataciones de médicos y funcionarios que se hacían por intermedio de la cooperativa Centro Médico Odontológico Cuaró para cubrir vacantes y no recurrir a servicios privados implicaban sueldos que triplicaban o cuadruplicaban los de ASSE, y que también aportaron datos sobre la existencia de medicamentos vencidos, porque se compraban en grandes cantidades algunos de poco uso.

A partir de una propuesta de Rubio, abogados de los cinco partidos de la oposición –Unidad Popular, Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente– evalúan ampliar ante la Justicia las denuncias de las irregularidades en Bella Unión, Soriano y Rivera, y presentar como nuevo caso las detectadas por ASSE en las colonias psiquiátricas. Rubio dijo que les propuso a los legisladores del Frente Amplio (FA) sumarse a esa tarea, pero que aún no ha recibido respuesta.

Consultado por la diaria, el diputado oficialista Luis Enrique Gallo explicó que “el FA no resolvió todavía porque ni la oposición sabe si presentará la denuncia”. Gallo le quitó trascendencia a los hallazgos de la comisión. “Ya conocíamos todo eso y está en manos de la Justicia”, dijo respecto de los casos de Soriano, Bella Unión y Rivera. Reconoció que hubo “faltas administrativas” y “conjunción de interés público y privado” en Soriano y Bella Unión, donde directores de hospitales contrataban a sus propias empresas de emergencia, pero alegó que ASSE ya resolvió sobre esos casos y que apartó de sus cargos a las directoras de Mercedes y Dolores. No ocurrió lo mismo con los jerarcas de Bella Unión, que fueron ascendidos. Gallo reconoció esto, pero no quiso responder si deberían o no continuar en funciones.