La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político de la ex guerrilla que lleva las mismas iniciales, dijo ayer que el acuerdo de paz de Colombia está “en su punto más crítico” y “amenaza con ser un verdadero fracaso”. Esto, explicó, se debe a la detención de Jesús Santrich, guerrillero desmovilizado y actual integrante de la FARC, designado para integrar la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio. Santrich fue capturado el lunes en Bogotá por la Fiscalía colombiana, en respuesta a una orden de detención de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de haber cometido delitos vinculados con el narcotráfico.
Horas después de la detención, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tiene “pruebas contundentes y concluyentes” de la participación de Santrich en esos delitos. El mandatario explicó, además, que el dirigente puede ser sometido a la Justicia ordinaria porque, al parecer, los delitos de los que se lo acusa fueron cometidos después de la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.
En caso de que las pruebas resulten “irrefutables”, agregó Santos, es posible la extradición de Santrich a Estados Unidos. “No me temblará la mano para autorizarla una vez que lo apruebe la Corte Suprema de Justicia”, concluyó. El acuerdo de paz sólo garantiza la no extradición de guerrilleros desmovilizados si los delitos fueron cometidos antes de la firma del documento.
Por su parte, el fiscal general explicó que las autoridades colombianas detuvieron a Santrich “en cumplimiento de una circular roja”, utilizada por Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición. Esa circular establece que los hechos ocurrieron a partir de junio de 2017, es decir, siete meses después de la firma del acuerdo, y se prolongaron hasta hace pocos días. Martínez aseguró, en línea con lo afirmado por Santos, que tiene “copiosas pruebas” que incriminan al ex guerrillero en un acuerdo “para exportar diez toneladas de cocaína”, incluidas “pruebas electrónicas, documentales, y videos”.
Uno de los principales líderes de la FARC, Iván Márquez, sostuvo ayer en un comunicado leído en una conferencia de prensa que “la detención de Santrich hace parte de un plan orquestado por el gobierno de Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana”. Para la formación, el objetivo del plan es “decapitar la dirección política” del partido, “sepultar los anhelos de paz del pueblo colombiano” y “justificar la continuidad de la violencia”. Por todo eso, Márquez instó al presidente Santos a “que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada” y le solicitó “una reunión de urgencia”.
También el comisionado de paz de Colombia, Rodrigo Rivera, consideró que la implementación del acuerdo vive “el momento más delicado”.
La misión de la Organización de las Naciones Unidas que monitoreó el proceso de desarme de la ex guerrilla llamó ayer a “las instituciones del Estado” a “evaluar los acontecimientos actuales con el mayor discernimiento, teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen tendrán consecuencias profundas para el proceso de paz de Colombia”. De acuerdo con un comunicado difundido por el organismo, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz deberá decidir qué procedimiento es el apropiado después de evaluar “la conducta” del acusado y determinar la fecha en que supuestamente cometió los delitos.
En tanto, el abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, dijo a periodistas que su cliente “no será doblegado”, y anunció que el dirigente comenzará una huelga de hambre como medida de protesta contra su detención.
Piedad Córdoba renunció a su candidatura
Piedad Córdoba, dirigente del movimiento de izquierda Poder Ciudadano, anunció el retiro de su candidatura para las elecciones presidenciales de Colombia. Explicó el lunes, en un acto en Bogotá, que su decisión se debe a la delicada situación de salud de su madre. Además, aclaró que su renuncia “no presupone en modo alguno” su “retirada de la política”, pues seguirá “al lado de los colombianos, más cerca de las aldeas que de los palacios”.
Por otro lado, la ex senadora cuestionó “cómo el machismo sigue firmemente anclado en el establecimiento político y mediático” de su país, al no haber sido invitada, junto con la otra candidata presidencial, Viviane Morales, a los dos debates presidenciales que tuvieron lugar hasta el momento. En el mismo sentido, el compañero de fórmula de Córdoba, Jaime Araújo, denunció que la dirigente fue discriminada durante toda la campaña por ser “mujer”, “afrodescendiente” y “de izquierda”.