El fiscal de Tucumán Pablo Camuña solicitó la detención de seis personas que gestionaron el ingenio azucarero La Fronterita en los años 70, durante la última dictadura argentina. En su escrito, presentado ante el juez federal Daniel Bejas, Camuña acusa a estos seis empresarios y administradores de La Fronterita de haber sido cómplices de 68 secuestros de trabajadores, familiares y vecinos, así como de la tortura y desaparición de otras 11 personas.
Los responsables de La Fronterita en esa época permitieron que el Ejército instalara una base militar que funcionó como centro clandestino de detención. Además, según se descubrió durante un juicio por violaciones de los derechos humanos que terminó el año pasado, los empresarios colaboraron con los militares brindándoles listas de personas para que fueran detenidas e incluso les cedieron camionetas de la empresa para los secuestros y traslados.
“Hubo una coincidencia de intereses entre militares y empresarios”, escribe Camuña en la solicitud. Agrega que “los militares buscaban desmovilizar a los azucareros tucumanos, cosa que a los empresarios les convenía por una cuestión económica”, porque permitía desmovilizar también al Sindicato de Obreros de Surco y Fábrica del Ingenio La Fronterita.
En declaraciones al diario argentino Página 12, Camuña también dijo que los empresarios fueron cómplices de delitos de lesa humanidad, conclusión a la que llegó después de escuchar cientos de testimonios, estudiar documentos de La Fronterita y registros públicos en el marco del juicio terminado en 2017. El fiscal presentó el pedido la semana pasada y todavía no recibió una respuesta del juez.